La Guardia Civil ya ha entregado al juez del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena el informe sobre el patrimonio que Baltasar Garzón acumuló entre el 2005 y el 2006, cuando residió en Nueva York con una licencia de estudios. Fuentes jurídicas han adelantado que los agentes concluyen que los ingresos de este no tienen nada que ver con el patrocinio que varias empresas hicieron al centro universitario para subvencionar los cursos de terrorismo que el magistrado de la Audiencia Nacional impartió allí.

Pese a ello, Marchena ha decidido continuar con sus pesquisas y ha reclamado al Banco Santander, al BBVA, a Endesa y a Cepsa que le informen de los procedimientos penales que ha tramitado Garzón contra ellos. Marchena investiga al togado por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho.

Además, el magistrado del Supremo ha aceptado la petición de los abogados de la acusación popular, los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea, para que investigue si Garzón ejecutó una orden que cursó al Banco Santander en el 2004, cuando analizaba las cuentas del exdictador chileno Augusto Pinochet o, por el contrario, la dejó sin efecto.

Asimismo, Marchena ha pedido al Banco de España que le informe de todas las cuentas bancarias que su colega haya abierto en el extranjero, y a Citibank, que le facilite los movimientos de su cuenta en Nueva York desde que la abrió hasta que la canceló.

Por el contrario, Marchena se opone a practicar las diligencias que le reclama Garzón, como la declaración de los jefes que tuvo en la Universidad de Nueva York. "Una cosa --afirmó-- es admitir que las autoridades académicas expidan certificados al dictado" de Garzón "y otra bien distinta es aceptar que solamente van a ser atendidas aquellas peticiones que cuenten con el visto bueno" del querellado.