El exdirector de Hacienda de Irún, José María Bravo, ingresó ayer en la cárcel de Martutene en San Sebastián al no pagar la fianza de 400.000 euros que le había impuesto la jueza que investiga el fraude detectado en la Hacienda de esta localidad guipuzcoana. Bravo, hermano de un senador del PNV que ha renunciado al cargo por esta trama, se encuentra imputado junto a otras tres personas por haberse apropiado presuntamente de 1,5 millones de euros.
El abogado de José María Bravo, Carlos Querejeta, se mostró sorprendido por la cuantía de la fianza, que juzgó excesiva al considerar que no había riesgo de fuga. Agentes de la Ertzaintza se personaron a las diez de la mañana en la gestoría que dirige en Irún y lo trasladaron al Juzgado de Instrucción número 2, donde se acogió a su derecho a no declarar. Poco después de su entrada en el Palacio de Justicia se personó su hermano Víctor Bravo, exsenador del PNV.
RIESGO DE FUGA La magistrada justificó en un auto la adopción de esta medida por la gravedad de los hechos y porque estima riesgo de fuga o de que destruyera y alterara pruebas. El informe de la fiscalía le acusa de delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. La Diputación calcula que ha dejado de ingresar por este fraude 5 millones de euros. Bravo y otras tres personas han sido imputadas por haber creado presuntamente una red de 16 empresas y 14 bienes inmuebles para ocultar cobros fraudulentos.
