El Tribunal de Cuentas considera que el Gobierno de José María Aznar pudo incurrir en "responsabilidad contable" en las gestiones realizadas para conseguir que al entonces jefe del Ejecutivo le fuera concedida la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos. Después de estudiar las alegaciones del ministerio fiscal y de la abogacía del Estado, que se oponen a la apertura de la causa, el Tribunal de Cuentas ha decidido que hay base para llevar a cabo una investigación y, para llevarla a cabo, ha ordenado el nombramiento de un instructor.

El origen del proceso se remonta al 26 de diciembre del 2003, cuando el Consejo de Ministros presidido por Aznar aprobó un gasto de 2,3 millones de euros para contratar los servicios del despacho de abogados Piper Rudnick, un influyente lobi de Washington que, según la versión oficial, debía "asistir al Gobierno de España en las relaciones más próximas con Estados Unidos". El contrato fue gestionado por el procedimiento de urgencia, sin publicidad y sin concurso. Al cabo de unos meses, varias informaciones apuntaron que una parte importante del dinero había sido desviado para promocionar la concesión a Aznar de la medalla del Congreso estadounidense, una distinción que finalmente no le fue otorgada. En diciembre del 2009, dos abogados se dirigieron al Tribunal de Cuentas para reclamar una investigación sobre el caso, alegando que "la desviación de fondos públicos para usos particulares, como es la obtención de la medalla, debe considerarse como una malversación de caudales". Tras la apertura de diligencias previas, tanto la fiscalía como el abogado del Estado se opusieron a la investigación por entender que, más allá de posibles irregularidades de forma, no se apreciaban indicios de responsabilidad contable en los hechos denunciados.

POR JUSTIFICAR Sin embargo, el consejero del Tribunal de Cuentas instructor del caso, Felipe García Ortiz, no comparte esa opinión y, en un auto hecho público ayer, sostiene que la responsabilidad contable puede derivarse de "la adopción de decisiones de gasto y pago con presupuesto público si la finalidad contractual hubiese sido privada y no pública, y el gasto no hubiera sido debidamente justificado, aspecto que no ha quedado claro con la documentación remitida". En consecuencia, ordena iniciar una investigación para aclarar qué cantidad se pagó a Rudnick para que hiciera gestiones en favor de la concesión de la medalla, y si la contratación se hizo de acuerdo con la ley.

El responsable de comunicación del PP, Esteban González Pons, expresó el respaldo "absoluto" del partido a Aznar, se mostró convencido de que la investigación será archivada y declaró que "la vida pública española no puede basarse en la persecución del PP".