La Dirección General de la Guardia Civil abrió ayer expedientes disciplinarios por falta muy grave a otros 16 agentes que participaron uniformados en la manifestación del pasado 20 de enero en Madrid. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno avisó de que el Ejecutivo no está dispuesto "a aceptar ninguna insubordinación ni chantaje". Con estos nuevos expedientes, son ya 18 los agentes miembros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que corren el riesgo de perder el empleo por ir a la protesta vestidos de uniforme.

MODERNIZAR EL CUERPO María Teresa Fernández de la Vega subrayó que la ley "tiene que cumplirse" pero que el Gobierno trabaja para permitir "la modernización del Cuerpo y mejorar sus condiciones de trabajo".

Pese a la polémica surgida, la AUGC asegura que las afiliaciones de nuevos miembros del cuerpo a esta organización se han "disparado" en los último días. Además, el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, reiteró ayer su "apoyo" a los expedientados de la AUGC y dijo que, como muestra de solidaridad, su sindicato también pasaría a la clandestinidad si el Gobierno ilegalizara la asociación.