Tras el brutal choque de verano entre PP y PSOE, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, descubrió ayer que en su empeño por atajar la polémica sobre el trato dispensado a los detenidos del caso Palma Arena ha desatado fuego cruzado en la retaguardia. Dos sindicatos policiales, SUP y CEP, dieron ayer un paso al frente para criticar que la responsabilidad del incidente vaya a recaer sobre el comisario jefe de Seguridad Ciudadana de Baleares. La cabeza del delegado del Gobierno, Ramón Socías, es la que debería rodar, sostienen, una petición a la que de inmediato se apuntó Javier Arenas sin saber que los representantes de los agentes defendían que la decisión de esposar a los dirigentes del PP fue muy acertada.

BALA EN LA RECAMARA PSOE y PP dieron síntomas de haberse quedado sin munición. Sin embargo, Arenas parecía tener alguna bala en la recámara. "Solamente en las dictaduras, se persigue a la oposición con fiscales y policías", acusó, tal vez no consciente de que, el día anterior, Mariano Rajoy había hecho verdaderas filigranas dialécticas para sostener que el Gobierno persigue al PP pero que, en esa operación de acoso, jueces, fiscales y policías son inocentes, en contra de lo que inicialmente sostuvo la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal.

Esa, en cualquier caso, fue una disputa menor en comparación con la polémica desatada en Palma. El SUP reclamó la dimisión de Socías por dictar una orden "ilegal", es decir, que los detenidos del PP fueran traslados sin esposar para "no dar un espectáculo". El sindicato, que un día antes criticaba que se les hubiera esposado, aseguró que esa instrucción está "fuera de toda norma". Incluso dio la referencia: 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

CONTENIDO DE LA NORMA El propio Socías respondió en nombre del Gobierno central. Lo hizo con la simple lectura de la instrucción 12/2007: "El agente que practique la detención o conducción, en atención a factores como las características del delito o la actitud del detenido, podrá valorar la conveniencia de aplicar o no esta medida con la finalidad de incrementar la discreción y no perjudicar la reputación del detenido". El otro sindicato, CEP, abrió un frente adicional de polémica que también compartió el SUP. Así, coincidieron ambos en subrayar que los arrestados en el marco de la operación Espada fueron grabados porque se permitió el acceso de los medios de comunicación al recinto del aparcamiento de los juzgados.

El comisario jefe de Seguridad Ciudadana, por su gesto de "gallardía y nobleza al impedir que la búsqueda de culpables recaiga en escalas inferiores", fue objeto de todo tipo de elogios y alabanzas por parte de los representantes policiales.