Sin mediar ninguna consulta con el afectado, la delegación del Gobierno decidió suprimir los escoltas que protegían a Rafael Simancas, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Cuando la crisis política que vive esta autonomía sitúa a Simancas en el punto de mira de varios sectores enfrentados, el argumento que usó el delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui, para justificar retirarle la protección fue que ni el portavoz del Grupo Socialista "ni ningún otro tienen por qué tener protección".
Ansuátegui precisó anoche a la cadena SER que la protección policial le fue asignada a primeros de julio a petición del PSOE, a consecuencia de las amenazas que recibió después de la traición de los dos diputados tránsfugas. El delegado del Gobierno no descarta reponer los escoltas si el PSOE considera que el dirigente socialista sigue atravesando situaciones "personales" de riesgo.
La réplica del PSOE no tardó en llegar. El secretario de organización, José Blanco, reiteró que Simancas necesitaba de esa protección y que correspondía a la Delegación del Gobierno evaluar los riesgos sin necesidad de que se lo ruegue el partido del afectado.
Con esta decisión, se ha quebrado una trayectoria de más de cuatro años en los que Simancas recibió protección de forma ininterrumpida. Como concejal del Ayuntamiento de Madrid gozó de escoltas municipales, al igual que el resto del consistorio a raíz de las amenazas de ETA.
"PREPOTENCIA"
A juicio de su excompañera de consistorio Matilde Fernández la decisión adoptada es fruto de la "prepotencia del autoritario". La portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Esperanza Aguirre, mantiene escolta, al igual que la presidenta de la Cámara regional y el expresidente, Concepción Dancausa y Jesús Pedroche. Según Ansuátegui, pueden llevar escolta porque son exaltos cargos.
