El azote de la piratería en aguas del Indico ha sido a menudo explicado como un producto de la situación de caos que reina en Somalia, una república despojada de cualquier forma de Gobierno central por una larga guerra civil, dividida en pequeños territorios independientes y sometida a los designios de los señores de la guerra y los tribunales islámicos. Esta explicación choca, sin embargo, con una realidad en apariencia paradójica: la región desde la que operan (y en la que se refugian) habitualmente los corsarios está considerada como una de las zonas menos castigadas por la guerra y políticamente más estables de todo el país. Su nombre es Puntlandia y desde 1998 se proclama como un Estado autónomo.

Esa independencia de facto está precisamente en el origen de buena parte de las dificultades que hallan los gobiernos a la hora de buscar vías diplomáticas para resolver los casos de secuestro marítimo. Ningún país ni organización internacional ha reconocido hasta ahora la existencia del Estado de Puntlandia. España, por supuesto, tampoco.

De modo que la única interlocución oficial posible es con las autoridades de Mogadiscio (la capital de Somalia), que son prácticamente irrelevantes y que, desde luego, no tienen ningún poder real para dirimir los asuntos que atañen a Puntlandia. El presidente Abdirahman Mohamed Farole lanzó el pasado mes de junio una advertencia clara en este sentido en una entrevista concedida a la BBC. "Muchos gobiernos se han comprometido a luchar contra la piratería, y eso es algo bueno --declaró--, pero se empeñan en hablar con el Gobierno central de Mogadiscio, lo cual es una pérdida de tiempo. El resto del mundo tiene que reconocer que hay dos gobiernos legítimos en el norte de Somalia Puntlandia y Somalilandia, autoproclamada república independiente en 1991, y negociar directamente con nosotros si quieren obtener resultados".

El problema, en cualquier caso, no es solo de soberanía. También es de confianza.