El Gobierno no lo tendrá fácil para sacar adelante su proyecto de ley de la memoria histórica. Al rechazo del PP se suma la oposición de sus aliados de IU-ICV y ERC, que han decidido presentar sendas enmiendas a la totalidad.
El objetivo es forzar al PSOE a que incluya la anulación de las causas sumarísimas del franquismo, entre ellas la del presidente de la Generalitat catalana Lluís Companys, tal y como prometió la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en el 2004.
Si el PSOE se niega por miedo al PP los socios de Zapatero están dispuestos a dejarlo sin votos para sacar adelante el texto.
Entidades como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ayer empezó a exhumar dos fosas comunes de represaliados por Franco en As Pontes (Galicia), se sienten también burladas. El proyecto coincide con una proposición del diputado Ramón Jáuregui aprobada en junio del 2004. Dos años de Comisión Interministerial solo han mareado la perdiz. Así lo interpreta un informe que alerta de que la ley "contiene un elemento de alegalidad" al reconocer "por omisión" la legalidad franquista por encima de la Constitución. Sería, pues, recurrible ante los tribunales.
