La marea negra del Prestige sigue salpicando al Gobierno. La oposición de izquierdas --PSOE, IU y BNG-- denunció ayer que "un segundo nivel de afectados", la industria turística, el comercio y el medio ambiente gallegos, se han quedado fuera de las ayudas oficiales. El PP les respondió recordando "el retraso de meses" del Gobierno socialista en aprobar ayudas para los damnificados en 1992 por los vertidos del Mar Egeo , que naufragó frente a La Coruña.
DECRETO PARA LAS AYUDAS
La oposición intentó en vano que el pleno del Congreso de los Diputados pudiera tramitar como proyecto de ley el decreto de ayudas, lo que permitiría introducir las ampliaciones propuestas, pero el Ejecutivo mantuvo su intención de convalidarlo evitando la posterior tramitación parlamentaria. Ganó la votación por 179 a 112 votos. El contenido de las ayudas se aprobó con sólo dos votos en contra.
El grueso de las ayudas comporta una dotación mensual que, con las aportaciones de la Xunta de Galicia, sumará hasta 1.200 euros (cerca de 200.000 pesetas) para los más de 7.000 marineros y mariscadores afectados. Incluye, además, una variada gama de desgravaciones y exenciones fiscales, así como créditos hasta una suma total de 200 millones de euros (3.300 millones de pesetas) a bajo o nulo interés.
La diputada socialista Carmen Marón vaticinó que las medidas propuestas por el Gobierno "se quedarán cortas", porque han sido aprobadas sin calibrar el alcance final de una catástrofe que "va en aumento cada día que pasa", a lo que el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió que, "en caso de ser necesario", la comisión interministerial de seguimiento "está facultada para adoptar medidas extraordinarias".
La oposición no va a conseguir que la semana próxima el Congreso celebre un pleno monográfico para analizar el alcance de la catástrofe. Ayer, los grupos parlamentarios socialistas, de Izquierda Unida y Mixto registraron una propuesta en este sentido, pero la iniciativa fue descartada casi inmediatamente por el portavoz del PP, Luis de Grandes, aunque la decisión se adoptará hoy en la junta de portavoces. María Teresa Fernández de la Vega, secretaria del Grupo Socialista, justificó esta petición por la "creciente preocupación" generada por la catástrofe.
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