La decisión del juez Luciano Varela de sentar en el banquillo a Baltasar Garzón por investigar los crímenes de Franco ha sobrepasado la figura del togado de la Audiencia y llega ahora al Tribunal Supremo, que se juega su credibilidad internacional. Por ejemplo, el juez chileno Juan Guzmán --que procesó al dictador Augusto Pinochet-- advirtió al alto tribunal de que, si sigue adelante con el proceso contra Garzón, "va a quedar muy mal".
El debate sobre el caso Garzón preocupa al Gobierno, que observa cómo día a día crecen las dudas internacionales sobre el compromiso de la justicia española en la persecución de crímenes contra la humanidad. En este debate jugó ayer un papel destacado la izquierda judicial, representada por Jueces para la Democracia --Varela fue fundador de esta asociación-- y la Unión Progresista de Fiscales, que criticaron al alto tribunal por haber "abierto el camino" a los herederos de Franco para perseguir a "un juez que se quiera o no simbolizar" en la defensa de los derechos humanos. Un derecho que, en su opinión, Gar- zón se ganó cuando se "arriesgó" y ordenó detener a Pinochet.
Por ello, la izquierda judicial reprocha al Supremo que cuestione la potestad del togado de la Audiencia de discutir sobre la aplicación de la ley de amnistía de 1977, porque su obligación es interpretar las leyes e ir más allá de la ley de memoria histórica, como le reprochó Varela.
La misma opinión es compartida por el juez Guzmán. "Lamento mucho la situación del juez Garzón, pero en el fondo solo va a servir para su engrandecimiento, porque está actuando con una dignidad extraordinaria". También advirtió al alto Tribunal de las consecuencias de "sancionar o perseguir" al togado de la Audiencia. "La justicia española va a quedar muy mal", porque parece que "corta las manos a los jueces progresistas que quieren investigar los grandes crímenes contra la humanidad".
El defensor del togado, Gonzalo Martínez Fresneda, recurre hoy la decisión de Varela.
LAS VICTIMAS Además, el próximo lunes las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica presentará una querella contra Varela por dejarles indefensos al cerrar cualquier vía para que otros jueces investiguen sus denuncias. Esta iniciativa tendrá escaso recorrido y, lo más probable, es que sea rechazada por el alto Tribunal.
Además, los familiares de las víctimas de Franco también tienen previsto acudir el próximo miércoles a la justicia argentina para que investigue los crímenes de la dictadura y de la guerra civil. Una decisión que el Gobierno "respeta", según la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
