La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 30 años de prisión al miembro del comando Madrid de ETA Jon Bienzobas por el asesinato a tiros del catedrático y expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, cometido el 14 de febrero de 1996.
La sentencia establece que el etarra tiene que indemnizar a la viuda e hijos de Tomás y Valiente con la cantidad conjunta de 500.000 euros, a los que se suman otros 400.000 euros para uno de los hijos, Miguel, por la lesión degenerativa e invalidante sufrida como consecuencia del crimen.
La sala también acuerda que, una vez cumplida la condena, Bienzobas no podrá acercarse durante cinco años al lugar de comisión de los hechos, así como al lugar de residencia de la familia de la víctima.
Agravante de alevosía
El tribunal condena a Bienzobas por un delito de atentado con resultado de muerte con la circunstancia agravante de alevosía, mientras que le absuelve por falta de pruebas de los delitos de incendio y estragos terroristas y de cuatro delitos de lesiones terroristas por los que también era acusado.
Para la Audiencia concurre la circunstancia agravante de alevosía, ya que "se buscó el momento y lugar en que la víctima se encontraba en su despacho de la Universidad, confiado, sin posibilidad alguna de defensa".
La Sala también aprecia una "especial perversidad" en la acción, por cuanto "se buscó una especial repercusión, incrementando el temor de la población, al incidir en la seguridad de una institución eminentemente pacífica cual es la universidad".
El fiscal pedía 72 años de prisión
En el juicio, el pasado 26 de abril, el fiscal elevó de 52 a 72 años de prisión la petición de pena para el etarra, ya que si bien mantuvo la solicitud de 30 años por la acusación de atentado en concurso con el de asesinato, aumentó la del resto de los delitos.
Por el delito de terrorismo pidió 12 años, y seis años por cada uno de los delitos de lesiones por los cuatro heridos leves al explotar el vehículo que, según el fiscal, utilizó el acusado para huir y que dejó abandonado en una calle de Madrid, lo que la Audiencia no considera probado. El fiscal solicitó seis meses por el robo del vehículo, delito por el que también es absuelto.
