La Constitución prohíbe a los jueces afiliarse a partidos políticos. Sin embargo, en los últimos tiempos el ciudadano de pie se pregunta por la adscripción de los magistrados ante su sorpresa por sus polémicas decisiones judiciales.

Ese interés evidencia una quiebra del sistema judicial. La justicia debe ser equilibrada, racional y comprensible, pero ahora causa desconcierto, desorientación y despiste a la ciudadanía, según fuentes judiciales.

El origen de esta situación se remonta al 2001. Ese año, el PP --que disfrutaba de la mayoría absoluta-- y el PSOE suscribieron el pacto de la justicia y cambiaron el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambos partidos aceptaron que las asociaciones judiciales presentaran al Parlamento una lista de candidatos. Un sistema que se repetirá al renovarse el actual CGPJ.

Todos confían en que esta vez se resuelvan algunos problemas. El PP está alineado con la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el PSOE, con un sector de la progresista Jueces para la Democracia (JD). La asociación Francisco de Vitoria actúa de comodín a pesar de su perfil moderado.

La trampa En aquella elección, la APM propuso como vocales a los que estaban situados en el ala más conservadora de la asociación. La minoría progresista apoyó, por su parte, como presidente a Francisco José Hernando, que se ha convertido en el voto 11 de un consejo que ha actuado, desde el principio, como un tentáculo del PP. La situación se agravó tras la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero el 14 de marzo del 2004.

Primeros nombramientos El problema era tan alarmante que el Gobierno socialista se vio obligado a reformar la ley orgánica del Poder Judicial para que los nombramientos de la cúpula judicial fueran aprobados por tres quintos de los vocales del CGPJ. Esa reforma legal ha servido para que los vocales negocien y busquen acuerdos. Los primeros nombramientos con esa norma fueron los de los presidentes de la sala civil, penal y militar del Supremo. Pero ese consenso no se ha dado al designar a tres magistrados de la sala militar, a uno de lo contencioso y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

La reforma tampoco ha evitado que todos los presidentes de sala del Supremo, excepto la sala civil, sean de la APM. La sala penal está controlada por los jueces conservadores.

En el pleno, integrado por 13 magistrados, solo tres son de JD, dos de Francisco de Vitoria y el resto de la APM. La misma situación se repite en la sala contenciosa, que revisa los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros: 19 magistrados son de la APM frente a 12 de JD. En la Audiencia Nacional dominan los conservadores, mientras en el Constitucional hay equilibrio de fuerzas.

Fuentes judiciales culpan del deterioro al CGPJ y al Gobierno. La ley exige que el pleno esté compuesto por 12 de sus 21 miembros. Sin embargo, el PSOE no ha pedido a los seis vocales que designó en el 2001 que renuncien a sus cargos. El CGPJ sigue en activo, aunque debía haber cesado en noviembre.