Después de 24 intensas sesiones, en las que han desfilado los 29 procesados y cerca de un centenar de testigos, el juicio del 11-M comienza a centrarse en las responsabilidades civiles del Estado. Es decir, en las posibles negligencias del Gobierno de Aznar para prevenir los atentados. El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, ha decidido abrir más la mano para que los abogados profundicen en esta vertiente, intentando, al mismo tiempo, que no la utilicen algunos letrados para desviar la dirección del proceso.

A lo largo del juicio han aflorado ya algunos fallos policiales en el control de las células islamistas, así como el descontrol de la mina asturiana de la que salieron los explosivos y la falta de atención que prestaron a la trama de traficantes de dinamita. También se ha puesto de manifiesto la escasa atención que el anterior Ejecutivo prestó a la amenaza islamista. Sin embargo, el magistrado Gómez Bermúdez ha empezado a dejar a algunos letrados explayarse más de lo habitual en sus interrogatorios sobre el papel del Estado.

EN LA DIANA En la sesión del miércoles, el abogado Gonzalo Boyé, que representa a dos víctimas, lanzó el dardo directo a la diana. "¿Nos puede decir qué falló?", inquirió al excomisario Jesús de la Morena, después de que este contara cómo un año antes de los atentados la policía ya investigaba, por sus conexiones con células radicales, por lo menos a cinco de los presuntos autores de la masacre.

"Eran investigaciones muy difíciles y desestructuradas", reconoció De la Morena. Boyé, único abogado que hasta el momento reclama la responsabilidad directa del Estado, consideró muy positiva para su estrategia jurídica la respuesta del excomisario. También interpretó como un triunfo para su causa la posterior declaración del exsubdirector operativo de la Policía Pedro Díaz-Pintado, que admitió que cualquier atentado se produce por "un fallo del sistema".

En la sesión del 28 de marzo pasado, compareció el exdirector general de la Policía Agustín Díaz de Mera. El presidente del tribunal pronunció unas palabras que pasaron prácticamente desapercibidas, pero que resultan muy elocuentes a la luz del giro que está dando el juicio. En un momento dado, el abogado Boyé preguntó a De Mera si la decisión de abrir una nueva vía de investigación de los atentados había sido "política o técnica". "Esa pregunta se la permito solo porque usted está interesado en la responsabilidad civil", le dijo el juez a Boyé.

MENSAJE La Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, que preside Pilar Manjón, y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo --próxima a la AVT-- reclaman en sus escritos la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, pero la asociación de Manjón no descarta reclamar en su momento la responsabilidad "directa", como en el caso de Boyé. Esta última, además de exigir un resarcimiento económico al Estado, abre las puertas para que en el futuro se puedan abrir procedimientos penales contra los responsables del Gobierno de Aznar relacionados con la gestión del 11-M, en el caso de que el tribunal determine que existen bases para ello.

En el plano económico, la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo obliga al Estado a indemnizar a las víctimas con una cantidad establecida con independencia de la sentencia judicial. En el caso de que el tribunal del 11-M reconozca la responsabilidad del Estado, deberá establecer una cantidad. Si la cuantía supera la indemnización ya aportada por el Estado, deberá pagar la diferencia.