Por el momento, de nada ha servido que el ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, intentase calmar los ánimos del Ejecutivo israelí al prometer que España limitaría el alcance de la jurisdicción de sus tribunales en el exterior. Una promesa, sin embargo, que no habría afectado a este caso porque la modificación legal no sería retroactiva. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, decidió ayer que seguirá tramitando la causa contra siete militares de Israel, entre ellos el exministro de Defensa Benjamin Ben- Eliezer por un bombardeo sobre Gaza en el que murieron 14 civiles en el 2002, dado que la justicia hebrea no abrió una investigación penal sobre dicho ataque.

El magistrado admitió en enero una querella del Centro Palestino por los Derechos Humanos por un presunto delito contra la humanidad que tensó las relaciones aún más con Israel, unos días después de la última incursión sobre Gaza, hasta tal punto que Moratinos realizó la promesa referida. Era la primera vez que el Gobierno español amenazaba con limitar la jurisdicción universal, pese a que la Audiencia ya ha investigado crímenes en diferentes partes del mundo.

Andreu esperó cinco meses antes de abrir el proceso para saber si Israel había juzgado los hechos. El Gobierno israelí solo constituyó una comisión formada por expertos que concluyó que la instrucción sobre el ataque no era necesaria. El juez prevé en los próximos días cursar dos comisiones rogatorias.