Han dejado de ser los "más buscados". El juez Ismael Moreno decretó ayer libertad sin fianza para el matrimonio Oroitz Aldekoa-Otalora y Agurne Salterain, detenidos el pasado domingo por la Ertzaintza en Vizcaya. La Guardia Civil les incluyó en un cartel de etarras más buscados, junto a otros tres presuntos activistas de ETA, el pasado 27 de febrero.

El matrimonio se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 8 de diciembre, un día después de que la Guardia Civil detuviera al presunto miembro liberado de ETA Gorka Lupiañez. Aldekoa admitió ante el juez que había alojado en su casa a Lupiañez porque eran amigos de la infancia y tenía problemas familiares. Sin embargo, negó que supiera que era etarra y que llevase encima una pistola procedente del robo de 350 armas en un almacén de Vauvert (Francia), en octubre del 2006.

LAS PETICIONES Estas explicaciones y las circunstancias que han rodeado su detención permitieron esta salida airosa. Su abogado, Iñaki Irizar --que no asiste habitualmente al entorno etarra--, explicó que el matrimonio pidió comparecer voluntariamente ante el juez el pasado mes de enero. Sin embargo, no recibieron respuesta.

Su situación se complicó tras la publicación del cartel de la Guardia Civil. A partir de ese momento, los jóvenes "relajaron" las medidas de seguridad y se dejaron ver en el caserío donde finalmente fueron detenidos por la Ertzaintza. El letrado también explicó que los jóvenes "estaban empadronados en el domicilio de sus padres". "Nadie fue allí a buscarles", apostilló.

Fuentes jurídicas han revelado que la Guardia Civil no pidió al juzgado la detención del matrimonio. Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior justificaron su inclusión en el cartel porque habían transcurrido tres meses desde que sus huellas fueron localizadas en la casa de Lupiañez y se desconocía su paradero, informa Patricia Martín.

COMPARECENCIAS SEMANALES Los arrestados declararon ante el juez durante media hora cada uno. Tras su comparecencia, abandonaron la Audiencia visiblemente afectados, ya que siguen imputados en la causa por un delito de colaboración con organización terrorista. El magistrado les impuso comparecencias semanales y retirada del pasaporte. Durante su detención no fueron incomunicados y han pasado a disposición judicial antes de que venciera el plazo de detención, 72 horas. El Gobierno vasco negó que el arresto fuese "una detención pactada".