Al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea no le han convencido los argumentos de la fiscalía y no ve ni terrorismo ni rebelión -como sostenía en un primer momento el ministerio público- en la actuación que se atribuye a Tamara Carrasco, la mujer detenida el martes pasado por su vinculación con las protestas protagonizadas por los Comités en Defensa de la República (CDR). El magistrado le ha impuesto comparecencias semanales y prohibición de salir de su municipio, salvo que ello sea necesario para asistir al trabajo.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, había pedido para su ingreso en prisión incondicional en función de los graves delitos que le imputaba, que este jueves ha descrito como "delitos cometidos con finalidad de rebelión", sin mencionar el terrorismo, "sin perjuicio de las ulteriores calificaciones que puedan adoptarse tras el avance de la investigación". El magistrado se limita a apreciar desórdenes públicos, delitos que si no son terroristas, no son competencia de la Audiencia, lo que obligaría a su inhibición a favor de los juzgados catalanes.
El juez impone a Carrasco autorización judicial para realizar cualquier salida del término municipal, prohibición de salida del territorio nacional y facilitar domicilio y teléfono donde pueda estar localizable. En cuanto a la otra persona que iba a ser detenida en la misma operación, cuyo domicilio en Esplugues fue registrado, el magistrado ha dictado orden de busca y captura.
Confrontación con el Estado
El relato del fiscal es similar al que utilizaba el martes, cuando la imputaba también terrorismo. Considera que "habría desarrollado actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje, formando parte de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de estos grupos, con actos de rebeldía, encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado, trasladando a la calle con actuaciones violentas el proceso soberanista catalán que se investiga en sendos procedimientos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, como una clara una amenaza directa al orden constitucional establecido".
