El titular del juzgado número 12 de Palma, Alvaro Latorre, decretó ayer prisión incondicional para el exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y para el celador de obras de este municipio, Jaume Gibert. Al cierre de esta edición, el exdirector general de Política de Baleares y al frente de Urbanismo en Andratx hasta el 2003, Jaume Massot, estaba declarando aún ante el juez.
El ministerio público imputó a Hidalgo como presunto autor de delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Tras una declaración de cuatro horas, el abogado de Hidalgo, Rafael Perera, dijo que el exalcalde no reconocía "ningún tipo de enriquecimiento ilícito". Jaume Gibert, también negó haber recibido "dinero de forma ilegal", aunque sí reconoció que "han tenido una serie de negociaciones" respecto de "una serie de edificios y solares" de Andratx.
El caso Andratx ha conmocionado a los mallorquines que creen que "esta vez a los políticos se les ha ido la mano". El líder de los socialistas, Francesc Antich, declaró que "un tercio de los consistorios de Baleares, gobernados por el PP, se están investigando".
La Fiscalía Anticorrupción atribuye al alcalde y al celador la creación de "un entramado societario" de 10 empresas para "disfrazar" la procedencia de dinero obtenido con negocios inmobiliarios, avalados con certificaciones falsas.
La fiscalía localizó el pago de 369.424 euros de la empresa Prollamp de Ponent SL, relacionada con la sociedad del alcalde, Eucar SL, al propio edil, así como otro pago por idéntica cantidad a la mujer del celador, Antonia Garí, a cargo de Inversiones Bruja. Los investigadores han bloqueado cuentas bancarias a nombre de los inculpados aunque se desconoce el saldo. El ministerio fiscal maneja datos según los cuales Hidalgo sería propietario de 55 inmuebles. Según el diario Ultima Hora , la Interpol investiga presuntas cuentas de los imputados en Suiza.
PROMOTORES NERVIOSOS El consistorio de Andratx niega que este caso haya afectado a las arcas municipales. El presidente del Gobierno balear, Jaume Matas (PP), declaró ayer que ignoraba los negocios del exalto cargo balear Jaume Massot y rehusó confirmar si se creará una comisión de investigación.
El miércoles, el juez dictó un auto que autorizaba el registro de una empresa domiciliada en la vivienda de Massot. Se trata de la sociedad Balear Helvética SA, que se constituyó para actividades inmobiliarias. La fiscalía sospecha que Massot la utilizó para blanquear dinero.
