El juez Baltasar Garzón investiga una nueva red de extorsión de ETA descubierta tras la detención en Francia de Carlos Sáez de Egilaz y Laurence Guimón a principios de este año. La trama examina a una quincena de empresarios a los que ETA ha exigido el pago de entre 6.000 y 180.000 euros por el llamado impuesto revolucionario desde 1999 y a los miembros de la banda terrorista que han mediado o cobrado las extorsiones.

En esta investigación han declarado, al menos, dos de estos empresarios. Entre ellos, Antxon Berasategui que, el pasado sábado, declaró que había sido extorsionado por ETA, pero que no llegó a pagar gracias a las gestiones que realizó en el entorno de HB. La banda le reclamaba 3.000 euros cuando ya no tenía disponibilidad económica porque se acababa de jubilar.

Fuentes de la investigación han explicado que el cerco judicial a la nueva red de extorsión de la banda está dirigida desde Francia, ya que la juez Laurence Levert incautó los documentos del aparato de financiación de ETA denominado Gezi. En esos documentos, aparecen los nombres de los empresarios extorsionados, la provincia a la que pertenecen, la fecha de la reclamación, la forma de requerimiento y si el pago es voluntario o forzoso.

Esos documentos acreditan que los responsables del aparato de finanzas comunicaban al aparato militar de ETA los nombres de los empresarios que se negaban a pagar y que recibían dos avisos antes de ser considerados objetivos de la banda terrorista.

´ESTAFA´ A LA BANDA Además, Berasategi desveló al juez que el exmiembro de la mesa nacional de HB Jokin Gorostidi y el presunto etarra Juan José Arruti cobraron al empresario Adolfo Sobrino, uno de los constructores de la autovía de Lizarán, 180.000 euros en 1991, aunque sólo entregaron a ETA 30.000 euros. Ambos fueron detenidos el martes y ayer declararon ante el juez.