El juez Baltasar Garzón pidió ayer amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las críticas recibidas de El Mundo , la COPE, el diario en internet Libertad Digital, el diputado del PP Juan Ignacio del Burgo y el vocal conservador José Luis Requero tras imputar por falsedad a tres peritos de la policía científica que ligaron el 11-M con ETA por el hallazgo de ácido bórico en casa de un islamista y de un etarra.

El juez reclama al CGPJ el amparo "por los ataques sistemáticos e injustificados, gravemente atentatorios a la independencia del poder judicial" que está sufriendo estos días. Además, critica la "injerencia" de Requero "por su denuncia injustificada ante la inspección del CGPJ". Garzón investiga si puede ampliar la acusación de integración en organización terrorista a la de tenencia de explosivos contra el islamista Hasan el Haski, procesado por el atentado de Casablanca del 2003, tras descubrirse ácido bórico en su casa en diciembre del 2004.

LOS HECHOS El pasado jueves, Garzón interrogó a tres peritos de la policía científica que redactaron un borrador en marzo del 2005 en el que vinculaban la sustancia con ETA por el hallazgo en el 2001 del producto en la vivenda de un etarra. Pero, esa referencia no fue tomada en consideración en el informe oficial de su superior, Francisco Ramírez. La perito Isabel López admitió que habían recuperado el borrador, extraído del ordenador del perito Manuel Escribano, y le habían atribuido fecha de 11 de julio del 2006.

Tras esa confesión, Garzón les imputó por un delito de falsedad --al igual que al perito que firmó el informe en julio--, Pedro Manrique. Pero el CGPJ decidió, a instancias de Requero, abrir diligencias a Garzón después de que López y Escribano denunciaran que habían sido maltratados por el juez. Los fiscales que estuvieron en los interrogatorios han negado esa acusación. La Fiscalía General del Estado, por su parte, expresó ayer su apoyo a la investigación del juez.

La comisión permanente del CGPJ se negó el martes a apoyar a Garzón. Ayer se reafirmó. La mayoría conservadora --con el apoyo del presidente, José Francisco Hernando-- se negó a apoyar a Garzón. Mientras, la Sala Penal de la Audiencia Nacional ordenó a Garzón que remita la investigación a los juzgados de Madrid.