Un calco. La comparecencia del exviceconsejero de Presidencia y exconsejero de Deportes de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo repitió el mismo guión que las de sus compañeros diputados Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. El parlamentario se negó a declarar hasta que se levante el secreto del sumario, el juez le leyó los delitos que le imputa, la fiscalía anticorrupción pidió la imposición de una fianza civil y el magistrado la acordó.
López Viejo explicó ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel , que quería declarar, pero se reservó ese derecho hasta que conozca el contenido del sumario que empezó a investigar el juez Baltasar Garzón.
Pedreira le comunicó entonces que le imputada por los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capital y falsedad. Además, a petición de las fiscalas, le impuso una fianza de 750.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias en las que ha podido incurrir por haber aceptado presuntamente sobornos de la trama que dirigía Francisco Correa.
El juez Garzón, en el auto de inhibición, reveló que López Viejo podría haber beneficiado a Correa al adjudicarle "diferentes eventos" desde su posición en la Comunidad de Madrid y que por eso pudo emitir facturas por importes inferiores a los 12.000 euros para evitar el concurso público. El parlamentario tendría una cuenta abierta en la contabilidad paralela que supuestamente manejaba el contable de la red, José Luis Izquierdo.
En esta cuenta se consignó una cantidad pendiente de pago de 240.000 euros y siete entregas de dinero por un importe total de 286.000 euros.
