El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, deberá responder como imputado de delitos contra la Administración Pública, después de que la juez de Nules, Isabel Belinchón, lo haya citado para el martes de la semana próxima. Junto a él deberá presentarse su esposa, Amparo Fernández Blanes, accionista de Artemis, la empresa desde la que, según el empresario Vicente Vilar, Fabra cobraba por hacer gestiones ante responsables del Gobierno central --entre ellos los exministros Jesús Posada y Celia Villalobos y el presidente, José María Aznar-- para la autorización de herbicidas y plaguicidas de dudosa legalidad.

Belinchón también imputa y cita para el lunes a Vilar y a su exmujer, Montserrat Vives, copropietaria y administradora única de Artemis. La denuncia, realizada de oficio por la juez tras estudiar las declaraciones de Vilar en la querella presentada contra Fabra el pasado 18 de diciembre, incluye los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y malversación.

DECLARACION DE BIENES Fabra nunca ha negado que intercediera ante dos ministerios, y tanto el exministro Posada como otros altos cargos del PP han admitido que se reunieron con él. El ahora imputado basa su defensa en que nunca cobró por sus gestiones y en que sus actividades siempre han sido compatibles con el cargo que ejerce. Fabra hizo pública una declaración notarial de bienes para demostrar que no se ha enriquecido, aunque informaciones publicadas ayer por el diario Levante señalan que ocultó a la Diputación su condición de presidente y consejero delegado de una promotora de terrenos para construcción y varios cargos en otras empresas.

Según han denunciado Vilar y los partidos de la oposición, tanto la mujer como otros familiares de Fabra son en realidad "testaferros" utilizados para ocultar su enriquecimiento. El diario El País publicó ayer que el chófer del presidente provincial del PP fundó en 1995 una empresa minera para el suministro de arenas cerámicas de la que después vendió un 30% a la mujer de Fabra. También aprovecharon la cercanía dos de sus escoltas, que constituyeron en el año 2000 una inmobiliaria de la que se deshicieron dos años después.