Los "desafíos" lanzados por Batasuna en los últimos días obtuvieron ayer una reacción de los tribunales. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decidió imputar a Arnaldo Otegi y a otros siete dirigentes de Batasuna por un delito de amenazas terroristas al vincular el avance del proceso de paz a la creación de una mesa de partidos y a que los tribunales no encarcelen a los líderes aberzales.
En un principio, los aberzales estaban citados a declarar la semana próxima porque presentaron la nueva mesa nacional el pasado 24 de marzo en Pamplona, cuando tienen las actividades suspendidas. Pero el juez considera que después de esta citación se han producido nuevos hechos constitutivos de delito que "aconsejan ampliar el contenido" de sus declaraciones. El PP había solicitado esta ampliación.
El magistrado se refiere a la presentación el pasado miércoles de una "comisión negociadora" con los miembros de Batasuna que formarán parte de una eventual mesa de partidos, y a las declaraciones de Joseba Permach (uno de los imputados), quien el jueves advirtió de que se bloqueará el proceso de paz si son encarcelados. Para Marlaska, la presión ejercida para forzar el diálogo político y el hecho de vincular "explícitamente más que implícitamente" la actuación de ETA al comportamiento de los tribunales "forman parte de un ideario común".
EL PEOR MOMENTO Por su parte, el secretario general del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, afirmó ayer que el proceso de paz atraviesa posiblemente la situación "más grave" desde que ETA anunció el alto el fuego que, a su juicio, "abrió una gran oportunidad para encauzar el conflicto en clave de diálogo y negociación política". El dirigente sindical destacó que "no se puede permitir que la Audiencia Nacional sea un instrumento que interfiera permanentemente" en el diálogo político con su "persecución" a la izquierda aberzale.
