El juez de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha abierto una nueva línea de investigación encaminada a depurar cualquier responsabilidad relativa al referéndum ilegal de 1-O. En esta ocasión se trata de averiguar si se ha podido producir algún tipo de blanqueo de capitales en relación con la consulta.

Para ello ha dictado una providencia en la que autoriza a la Guardia Civil a acceder al fichero de titularidades financieras del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) para comprobar las cuentas bancarias, cuentas de valores y otros productos bancarios de las personas y entidades relacionadas con las actividades de preparación y ejecución del 1-O.

El magistrado ya investigaba la utilización de dinero público en el referéndum, por lo que admitió la personación de la Abogacía del Estado en las actuaciones para poder representar los intereses del Estado.

La investigación del juez Ramírez se solapa en muchas ocasiones con la desarrollada por delitos de rebelión, sedición y malversación por el Tribunal Supremo, pero le lleva la delantera en muchos aspectos. De hecho, muchos de los informes de la Guardia Civil incorporados a aquella causa han sido trasladados con posterioridad al alto tribunal. En esta ocasión, también ha sido más rápido que Llarena, salvo que exista una petición similar en la última pieza separada abierta por el magistrado y que ha sido declarado secreta.

Con la nueva instrucción se podrán revisar las cuentas de todos los imputados en la causa. En el alto tribunal se encuentran en esta condición la expresidenta de la Mesa del Parlament Carme Forcadell y los que conformaban este órgano antes de la constitución de la nueva Cámara, así como los que formaban parte del Govern cuando se celebró la consulta.

El magistrado del alto tribunal Pablo Llarena aún tiene que llamar a declarar a los últimos imputados que ha incorporado en la causa: el expresidente de la Generalitat Artur Mas, las dirigentes de ERC y del PDECat, Marta Rovira y Marta Pascal, las dirigentes del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel, y la presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras.