El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena considera que ya ha reunido suficientes indicios de criminalidad para dictar auto de procesamiento en la causa por rebelión, sedición y malversación que sigue contra el 'expresident' Carles Puigdemont y otras 27 personas. El próximo viernes comunicará la resolución a las partes y además decidirá si envía a prisión a seis de ellos, entre ellos, Jordi Turull, último nombre barajado como futuro candidato a presidir la Generalitat.

En una escueta providencia, el magistrado cita a todas las partes el viernes a las 10.30 para notificarles el auto de procesamiento. En él se concretará exactamente qué delitos considera que han cometido los imputados, aunque todas las resoluciones del magistrado han ido apuntalando hasta ahora la existencia del delito de rebelión, porque aprecia que hubo violencia, al menos en lo relativo a los imputados que están en prisión: el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn.

Pero el hecho de que haya citado también a Turull y los 'exconselleres' Jordi Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y la número dos de ERC, Marta Rovira, para revisar su situación personal hace pensar que ellos también serán procesados por el delito más grave de los investigados: la rebelión. Todos ellos son, además, son diputados por lo que cuando la resolución sea firme serán automáticamente suspendidos de su cargo público, en este caso, su escaño.

Hasta ahora todos ellos están en libertad con fianza de entre 60.000 euros (Rovira) y 150.000 (Forcadell). Los exmiembros del Govern quedaron en libertad con fianza de 100.000 euros cuando la causa pasó al Tribunal Supremo. Aunque no fuera acordada, la fiscalía había solicitado para todos ellos, salvo para Rovira, su ingreso en prisión incondicional. El procesamiento implica que se han constatado e, incluso, ampliados los indicios existentes contra ellos. El agravamiento de situación procesal fue uno de los argumentos utilizados este martes por el ministerio público para que el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez siga en prisión.

Suspensión de cargo público

El magistrado les ha citado a todos ellos para la celebración de una vistilla del artículo 505 del Código Penal, imprescindible para poder enviarles a prisión o modificar las fianzas impuestas. La suspensión de cargo público automática prevista en el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo se puede aplicara a los procesados por rebelión (no por otro delito, como la sedición) que se encuentran en prisión, por lo que no afectaría a ninguno de ellos, salvo que el próximo viernes se les encarcele ante el agravamiento de su situación judicial.

En el caso de los huidos, como Puigdemont y Toni Comín, que son los únicos que no han renunciado a su escaño en el Parlament, también se verían afectados, porque contra ellos ya dictó auto de prisión la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

La suspensión automática se produce mientras el procesado está en prisión y una vez que la resolución sea firme. Para adquirir firmeza la resolución debe ser revisada por la Sala de Apelación del alto tribunal, lo que puede demorarse unas semanas.

Por eso la hipotética investidura de Turull va a depender más de si el viernes ingresa en prisión que del auto de procesamiento, ya que podría ser elegido presidente de la Generalitat antes de ser procesado en firme.

Hasta ahora el magistrado Llarena ha rechazado todos los permisos solicitados por los diputados elegidos el pasado 21-D para asistir al Parlament. No se lo concedió a Junqueras, ni a Forn, ni a Sànchez, cuando fue propuesto candidato a 'president', por lo que nada lleva a creer que Turull sea una excepción.