Quienes piensen que la investigación del 'caso Gürtel' ha concluido se equivocan. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha elevado este lunes una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que impute a la diputada de la Asamblea de Madrid María Josefa Aguado, del PP, por los delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos, que considera que cometió durante su etapa como responsable de Deportes del municipio madrileño de Arganda del Rey.
Si el TSJM sigue el criterio de De la Mata e imputa a Aguado, la diputada debería renunciar a su escaño en la Cámara regional en virtud del compromiso alcanzado entre el PP y Ciudadanos para gobernar en la comunidad de Madrid.
De la Mata enmarca "la actividad presuntamente delictiva de la aforada en la adjudicación del contrato para la organización de las X Olimpiadas Escolares a empresas del Grupo Correa a sabiendas de su flagrante vulneración de los principios rectores de la normativa en materia de contratación pública, participando de forma decisiva en que se efectuara el pago de múltiples facturas en perjuicio de la Sociedad de Fomento", a cuyo frente estaba Aguado.
El juez sostiene que todas las decisiones que adoptó la parlamentaria autonómica en su etapa como Jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey fueron actos administrativos "decisorios objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales para conseguir la disposición de fondos públicos y el pago de sus facturas al Grupo Correa". Evitó la publicidad y libre concurrencia de empresas, lo que perjudicó a los intereses municipales y, por tanto, generales.
OTROS IMPUTADOS
En su escrito, el magistrado pregunta a la Sala Civil y Penal del TSJM si, además del caso de Aguado, reclama el conocimiento respecto de las siete personas investigadas no aforadas que también están vinculadas con estos hechos: Francisco Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordán, Ginéz López Rodríguez, Juan Fernández Caballero, César Tomas Martín Morales e Isaac García Requena.
En esta pieza del caso Gürtel se investiga el cobro desde 1999 de comisiones por parte de distintos cargos públicos de Arganda del Rey por la adjudicación de contratos tanto a sociedades vinculadas a Correa como a empresas constructoras "desde el Ayuntamiento y desde la Sociedad de Fomento de esa localidad".
La forma presuntamente delictiva de actuar era la de fraccionar de forma sistemática los expedientes para que fueran contratos menores, con adjudicación directa eludiendo el procedimiento de contratación aplicable al sector público. Una de esos expedientes fraccionados investigados por el juez es el de la supuesta prestación de servicios para la puesta en marcha de las X Olimpiadas Escolares por parte del Grupo Correa, única empresa que presentó una propuesta económica, por importe de 89.000 euros.
SIETE FACTURAS
Según el juez, la diputada como Jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento dio su conformidad a aquel pago que se fraccionó en siete facturas tramitándose como contratos menores, independientes y "eludiendo el correspondiente procedimiento impuesto legalmente". Explica el magistrado que, pese a la obviedad de la argucia, la aforada informó a favor de la aprobación de todas esas facturas que sustituían a la factura única de Easy Concept. La aprobación se hizo, además, en siete informes distintos emitidos y firmados el mismo día.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 señala que “en definitiva, aparentemente se dispuso ilícitamente de fondos públicos en beneficio de terceros, conscientes de que les proporcionaban un enriquecimiento, provecho o ventaja ilícitos, en perjuicio del patrimonio público, interés que tendría en todo caso una incuestionable dimensión económica de signo negativo para los fondos públicos”.
