La juez Teresa Palacios ordenó ayer la exhumación de los cadáveres de 21 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en mayo del 2003. La diligencia no se podrá practicar con otros nueve muertos, ya que han sido incinerados. La prueba de identificación comenzará el lunes y se prolongará hasta el 2 de diciembre.
La exhumación de los cuerpos mal identificados fue solicitada por el fiscal Fernando Burgos. La juez ha constituido una comisión judicial, integrada por tres secretarios judiciales y dos médicos forenses para que se trasladen "por todo el territorio nacional" desde el 22 de noviembre al 2 de diciembre "para la práctica de la exhumación y traslado de cadáveres" al cementerio de La Almudena (Madrid).
Los fuerzas de seguridad custodiarán los cadáveres. La juez ordena a la policía que monte un servicio policial en el camposanto para "controlar e impedir" el acceso al lugar mientras se llevan a cabo "las labores de la exhumación".
Los familiares de los fallecidos podrán asistir a esas labores, una vez que se facilite su identidad en el juzgado. Además, la juez acuerda que sólo asistan a las exhumaciones la comisión judicial y dos empleados de los servicios funerarios. Por ello, la Guardia Civil será la encargada de controlar el acceso a los cementerios mientras se exhumen los cadáveres para "garantizar la intimidad de la actuación".
COMPARECENCIAS La juez ha tomado esta decisión tras interrogar esta semana como imputados a los generales Vicente Carlos Navarro y José Antonio Beltrán y a los oficiales médicos Miguel Angel Sáez y José Ramón Ramírez. También tomó declaración, como testigos, al comandante auditor Alberto Ruiz de los Paños y al general de brigada Francisco Sánchez Borrallo.
En esas comparecencias, el general Navarro, encargado de las identificaciones de los cadáveres, reconoció ante la juez que los militares fueron repatriados sin la perceptiva documentación necesaria para el traslado, sin certificado de defunción, y sin que se hubieran realizado las autopsias de identificación. "No se realizó ningún acto médico, aunque sí una autopsia visual o ligth", llegó a decir.
La próxima semana, la juez llamará a declarar al jefe del grupo de control del avión accidentado en Turquía. Con este testimonio se pretenden aclarar las circunstancias que rodearon la contratación del aparato siniestrado por parte del Ministerio de Defensa.
El abogado Víctor Hortal, que ejerce la acusación popular, solicitó ayer a la juez que permita asistir a un forense, conocido suyo, a las labores de exhumación. Asimismo instó a la magistrada para que la prensa sea informada por el fiscal sobre las diligencias que se practican en la causa para que informen "verazmente a los ciudadanos" por respeto a las víctimas y sus familiares.
