El juez Pablo Ruz ha optado por dar un giro al llamado caso Faisán al abrir un sumario contra el exdirector general de la policía Víctor García Hidalgo, el exjefe superior de policía del País Vasco y un inspector de policía por un delito de colaboración con banda armada y revelación de secretos. Con esta decisión, el magistrado evita archivar este caso, ya que ahora esta decisión corresponde a la sala penal. El PP ha utilizado reiteradamente este proceso para intentar desgastar al Gobierno.
El caso Faisán esconde un chivatazo policial de mayo del 2006, cuando la policía española y francesa habían preparado un operativo para detener a los implicados en una red de extorsión de ETA. La operación no se llevó a cabo porque fue suspendida por la jueza antiterrorista Laurence Levert. Esta ha explicado que la paralizó porque la información que le llegó de España no se había sido traducida al francés. Tras esta aclaración, la fiscalía reiteró al juez su petición de archivo.
Ruz admite que la información de Levert no cambia "ni aporta información nueva o que no obrara en la causa". Pero añade unas imputaciones que justifican su decisión de llamar a declarar otra vez a agentes de policía y abre la puerta para que la Guardia Civil investigue a sus colegas de la policía.
El juez asegura que en este caso se trata de una "acción presuntamente ejecutada" por policías "para evitar la inminente detención" del presunto etarra José Antonio Cau, que iba a cruzar la frontera para entregar a Joseba Elosua (dueño del bar Faisán, en Irún) "una cantidad de dinero procedente del cobro del impuesto revolucionario". En su opinión, "la delación policial" también tenía como objetivo avisar a otras personas que iban a ser arrestadas, "tanto en España como en Francia".
COLABORACION También afirma el juez que es "factible y racional" que a los acusados se les impute de colaboración con banda armada. El delito de colaboración está castigado con penas de hasta 10 años de prisión. En este sumario, además del fiscal, están personadas las asociaciones Dignidad y Justicia, Víctimas del Terrorismo, el PP y Asociación Unificada de la Guardia Civil.
El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, anunció ayer, tras conocer la decisión de Ruz, que su partido estudia acusar al magistrado Baltasar Garzón de "haber entorpecido" la investigación. Trillo ha destacado, en declaraciones a Efe, que el auto de Ruz confirma las tesis del PP sobre la existencia de un "chivatazo" de alguien "de la cadena de la lucha antiterrorista", que avisó de una operación contra el aparato de extorsión de ETA.
