El patrimonio legal de los narcotraficantes podrá ser decomisado por los jueces aunque no proceda de actividades ilegales. En la reforma del Código Penal que hoy aprobará el Consejo de Ministros se regulará también la responsabilidad patrimonial de las empresas tapadera cuyos directivos sean condenados por tráfico de drogas, por lo que estas sociedades también podrán ser incautadas.
El decomiso de estos bienes será equivalente al beneficio obtenido por la actividad delictiva; en este caso, tráfico o venta de droga. Además, se ampliará la facultad del juez para declarar la enajenación de bienes procedentes de actividades delictivas.
FONDO PARA REHABILITACION
Todo el patrimonio decomisado irá a engrosar un fondo ya existente para planes de rehabilitación de presos drogodependientes. Ahora el fondo se destina a todo tipo de drogadictos. El Gobierno hizo ayer doblete --José María Aznar y el ministro de Justicia, José María Michavila-- para anunciar este nuevo capítulo del plan de seguridad.
En una reunión con representantes de la asociación Proyecto Hombre, dedicada a la rehabilitación de drogadictos, el presidente del Gobierno reiteró lo que él mismo anunció el lunes: se podrá suspender la ejecución de la pena a los que hayan cometido un delito bajo el efecto de las drogas si se acogen y cumplen un programa de rehabilitación.
El Código Penal en vigor permite dejar en suspenso la pena siempre que ésta no sea superior a tres años. Con la reforma, el Gobierno quiere elevar este límite a condenas entre cinco y siete años. Si el preso "no sigue la rehabilitación, volverá a prisión", aclaró Michavila, en un acto interno del PP. La reforma aumentará las penas para las redes de narcotráfico, especialmente si la venta se realiza en colegios y otros centros docentes.
El PSOE propuso ayer al Gobierno que destine 66.112.000 euros (unos 11.000 millones de pesetas) a reforzar la seguridad. Según José Blanco, esta cantidad es la mitad de lo que el Ejecutivo gastó en el 2002 en publicidad y propaganda. Con este dinero, en opinión del dirigente socialista, se podría destinar a 3.500 policías a patrullar las calles.
