La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela no tiene dudas. Las dos causas abiertas por rebelión, sedición y malversación, una en la Audiencia y otra en el Tribunal Supremo, deben investigarse conjuntamente, porque entiende que los exmiembros del Govern y los de la Mesa del Parlament formaban una "compleja y heterogénea organización", cada uno con su papel, que "en ejecución de un plan preconcebido", pretendían lograr la secesión de Cataluña y proclamar una república independiente de España, contraviniendo el orden constitucional y estatutario.

En el informe que remitió este martes al magistrado del alto tribunal Pablo Llarena, la hasta ahora instructora de la causa por rebelión en la Audiencia Nacional sostiene que todos los querellados, junto con otros investigados, formaban parte de la misma organización y desde 2015 llevaban a cabo una premeditada estrategia “perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles”. De ahí que sostenga que la investigación “debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido”. Con esta conclusión por parte de la instructora, la oposición de la fiscalía a la acumulación queda en un plan muy secundario.

La juez Lamela explica de lo actuado hasta el momento hay elementos para considerar que las personas investigadas forman parte de una organización que actuaban "con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades" para lograr la secesión de Catalunya, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno.

Organigrama

El organigrama que describe presenta a esa organización como integrada desde el ámbito legislativo, por autoridades parlamentarias; el ejecutivo, con los miembros del Govern; la sociedad civil, con los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, asesores e ideólogos, cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como lo Mossos y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya (CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat.

Lamela describe los elementos básicos con los que se ha llevado a cabo una hoja de ruta secesionista, diseñada tras las elecciones catalanas de 2015 y que recogía el papel que debía jugar cada uno de los actores en el desarrollo del plan. Un plan que se ejecuta a través de un marco legislativo inconstitucional, la convocatoria ilegal de un referéndum, la reiterada desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional y diversas actuaciones contra la estructura del Estado.

Desde ese reparto de funciones, argumenta que la actividad del Govern perseguía la ejecución de distintos acuerdos contra resoluciones del Constitucional que debían impulsar el proceso hacia la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia.

Los papeles

Los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar apariencia de legalidad a las distintas etapas del “proceso de desconexión”, mientras que la misión de los líderes de las asociaciones independentistas era movilizar a las masas, a fin de crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y para propiciar, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de los fines secesionistas.

Ahí la jueza detalla las congregaciones "tumultuosas" realizadas para impedir la ejecución de resoluciones judiciales. La ANC y Òmnium, según Lamela, “actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern favoreciendo movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre”.

Espionaje y contravigilancia

El papel de los Mossos cobra especial relevancia para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia. “Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d’Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban”. La juez concluye que se ha producido una utilización ilegal de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal. Igualmente, “en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales”.

La planificación, organización y convocatoria del 1-O fueron, según la jueza, al menos parcialmente financiadas con fondos públicos. Pese al veto del Constitucional, el Govern hizo posible la realización de pagos para la consumación de un acto delictivo. Y el hecho de que la Intervención General de la Generalitat haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria ha sido oficialmente utilizada, “no excluye que se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines, como lo atestigua la actuación de la 'consellera' de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borrás, quien decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum.”

En su opinión estas actuaciones pueden ser constitutivas de los delitos de desobediencia, prevaricación y sedición por parte de los miembros de la organización, bajo la autoría intelectual y superior de sus líderes. “La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común”, señala la magistrada, que recuerda que “cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos, lo que dificultaría enormemente la investigación y la determinación clara de responsabilidades de los investigados”.

La investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes “es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia”. Además, serían más fácil de entender ciertas situaciones, como que ella enviara a prisión a los miembros del Govern y el Supremo dejara a los de Mesa en libertad con fianzas.