Oriol Junqueras y los 'Jordis' dan un paso adelante para pedir su excarcelación. Después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya desestimado sus peticiones de libertad, sus defensas han fichado al prestigioso abogado británico Ben Emmerson, experto en derecho internacional y derechos humanos, para que capitanee la petición que ya ha registrado a la Comisión sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. Su propósito es que el organismo internacional "admita que la permanencia en prisión provisional vulnera sus derechos fundamentales".

En una rueda de prensa vía Skype desde Londres, Emmerson ha defendido que la encarcelación de los políticos presos contraviene los derechos humanos porque les "impide desarrollar su papel como representantes del pueblo catalán". El abogado ha argumentado que su derecho a la libertad de asociación y de expresión, el derecho a la opinión política y el derecho a la participación en la vida pública "se ven del todo vulnerados". Por ello, ha emplazado a la ONU a posicionarse en este asunto, matizando que su objetivo "nunca será que se decida sobre la independencia de Catalunya". Eso sí, el veredicto de la comisión no es vinculante y el Gobierno central no tiene por qué atenderse a él.

"España tiene que liberarlos. Marcan un precedente muy peligroso del derecho a la protesta pacifica en todo el mundo", ha alertado Emmerson, y ha remachado que su petición surge para que la ONU "deje muy claro que no se pueden usar argumentos criminales vacíos para frenar la disidencia política".

Por el momento, la defensa de Joaquim Forn se ha mantiene al margen de esta estrategia. Cabe recordar que el 'exconseller' de Interior renunció a su escaño en el Parlament tras las elecciones del 21-D y lo notificó al Tribunal Supremo para que el juez Llarena lo tuviera en cuenta para resolver su excarcelación, aunque la desestimó.

El objetivo de la petición es "internacionalizar" la causa de los políticos presos por el 'procés'. El papel de Emmerson en el equipo de defensa se centrará en conseguir que su caso llegue hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), avalado por su trayectoria como abogado de Maria Litvinenko, la mujer del exagente del KGB Alexander Litvinenko, muerto el año 2000 después de ser envenenado, y de Moazzam Begg, ciudadano británico encarcelado en Guantánamo durante seis meses acusado de terrorismo en la guerra de Siria. Del 2012 al 2017 fue relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo.