La más que previsible entrada en prisión de la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, y de tres ediles de su equipo podría ser el pistoletazo de salida para la disolución del ayuntamiento marbellí y la constitución de una comisión gestora que, según la ley electoral, se ocuparía de la localidad hasta las elecciones municipales de mayo del 2007. Sería la primera vez que se tome esta decisión en España.
Tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía estudian esta opción como la más viable, aunque prefieren esperar a ver cómo se desarrollan las decisiones judiciales antes de determinar qué Administración da un paso inédito en la historia de la democracia española.
La ley de bases de régimen local establece, en su artículo 61.1, que en el supuesto de una gestión "gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales" se podría proceder a la disolución de la corporación local. Una medida que le corresponde adoptar al Gobierno, ya sea por iniciativa propia o a solicitud del Ejecutivo autónomo. El proceso es largo y complejo, ya que antes de comunicárselo al Gobierno autónomo requiere un acuerdo del Senado y de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), formada por la Administración central y los entes locales.
LA ALTERNATIVA El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, está en permanente contacto con el presidente de la Junta andaluza, Manuel Chaves, que ayer manifestaba su intención de actuar para devolver la normalidad al Ayuntamiento de Marbella. Ambos parecen tener claro que, una vez disuelto el consistorio y por cuestiones de procedimiento y de plazos, sería inviable la convocatoria de elecciones municipales adelantadas. El artículo 183 de la ley electoral ampara los comicios parciales para la constitución de una nueva corporación en el plazo de tres meses, siempre y cuando el mandato de este nuevo equipo de gobierno sea superior a un año. Dado que la disolución del ayuntamiento marbellí podría durar meses, y sumando los 90 días previstos para la convocatoria de elecciones, se establece un corto periodo antes de las municipales de mayo del 2007.
En este supuesto, la normativa electoral establece la creación de una comisión gestora que sería designada por la Diputación Provincial o por el órgano competente de la comunidad.
En el caso de Marbella, ha habido varios intentos de disolución del ayuntamiento, pero todos infructuosos, ya que en los últimos años --la ultima vez hace tres meses-- el PSOE impidió en el Parlamento andaluz que prosperasen medidas de la oposición en esa línea. Sólo IU planteó la propuesta en las Cortes, en el 2003 y en plena moción de censura contra Julián Muñoz por parte de ediles de su mismo grupo (el GIL), pero el PP la rechazó.
LOS PRECEDENTES Pese a las numerosas irregularidades detectadas ya en la época de Jesús Gil o Julián Muñoz desde los años 90, las administraciones decidieron recurrir a otras herramientas legales, como impugnaciones a las licencias urbanísticas o recursos ante los tribunales e incluso la retirada de competencias urbanísticas. La Junta de Andalucía ha impugnado más de 400 acuerdos municipales y ha requerido en 54 ocasiones, con poco éxito, la revocación de licencias urbanísticas.
Mientras, más de 12.000 personas recorrieron Marbella en una manifestación en la que pidieron la dimisión del equipo de Gobierno. A las puertas del ayuntamiento, se leyó un manifiesto escrito por los más de 25 colectivos que convocaron la protesta, y en el que se enfatizó que Marbella "ha dicho basta".
