El Ejecutivo andaluz ha comenzado a elaborar un marco jurídico para abrir la fosa común donde supuestamente reposan los restos de Federico García Lorca en Granada, pese a la oposición de la familia del poeta. La intención de la Consejería de Justicia es excavar la sepultura el próximo otoño, cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.
La decisión del Gobierno andaluz se produce tras el rechazo de un juzgado de Granada a asumir la causa de la exhumación, al entender que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón era el competente. Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica recurrieron a la vía administrativa y solicitaron las autorizaciones. Garzón, que inició el proceso en octubre del año pasado (aunque terminó inhibiéndose), acabó presentando una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo para que este decidiera qué órgano judicial debía asumir la causa.
EL PROTOCOLO Según la Consejería de Justicia, dicho marco de actuación tomará como base el protocolo sobre exhumaciones del Gobierno central para, posteriormente, elaborar uno propio que permita abrir este tipo de enterramientos con seguridad, determinando cuándo intervendrá la Administración andaluza. Esta fórmula podrá aplicarse a otras solicitudes.
En el caso de esta tumba, ya se ha contactado con la Diputación de Granada (dueña del terreno), el Ayuntamiento de Alfacar (donde está la fosa), las entidades para la memoria histórica y las familias del maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, enterrados junto a Lorca.
Según el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, Rafael Gil, se trata de la "mejor solución" para acortar los tiempos. Gil propuso utilizar o adaptar el proyecto de excavación que ellos mismos realizaron a finales del 2008, para tenerlo listo en septiembre.
