Las irregularidades urbanísticas en Alcaucín (Málaga), cuyo alcalde fue detenido el viernes en una operación anticorrupción junto a otras 12 personas, no eran desconocidas para nadie. La fiscalía alertó ya en el 2006 de que las prácticas urbanísticas "delictivas" se iban extendiendo desde la Costa del Sol hacia la sierra oriental de Málaga, y la Junta de Andalucía impugnó en los últimos seis años 27 acuerdos municipales, la mayoría referidos a licencias de construcción "indebidas".

La comarca de la Axarquía ha experimentado un enorme auge demográfico en la última década, sobre todo por los británicos que han llegado atraídos por los pueblecitos blancos de la sierra. Sin embargo, según los ecologistas, el escenario no es tan idílico. El desarrollo urbanístico del municipio se basó en la construcción desmesurada en suelos rústicos no urbanizables. Ecologistas en Acción ha presentado un centenar de denuncias desde el 2000, aunque, al ser archivadas por la Administración regional, las últimas las remitieron a la fiscalía, responsable de la actual operación policial.

Mientras el PP acusaba a la Junta de Andalucía de haber "mirado hacia otro lado" y reclamaba la convocatoria de un pleno extraordinario sobre corrupción urbanística, el consejero de Vivienda, Juan Espadas, negó que el Gobierno regional se haya cruzado de brazos y aseguró que sobre el urbanismo de Alcaucín se tramitaron 21 denuncias de particulares y se impugnaron otros 27 acuerdos municipales referidos a licencias anómalas. Espadas recordó que Andalucía no dispuso de herramientas válidas hasta el 2002, cuando se aprobó la ley de ordenación urbanística. Desde esa fecha hasta el 2005, cuando se crea la dirección de inspección, se tramitaron 800 denuncias en la comarca.

Al margen de la trifulca política, la Guardia Civil seguía analizando la documentación incautada. Una de las 13 personas detenidas, quedó ayer en libertad.