La autonomía fiscal vasca es compatible con la legislación europea, porque cumple los requisitos exigidos, según anunció ayer la jurista del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott, al presentar su recomendación de sentencia.

Estas conclusiones serán utilizadas como base por los jueces del tribunal europeo para dirimir el contencioso que enfrenta a La Rioja y Castilla y León (respaldadas por la Comisión Europea) con el País Vasco sobre la legalidad de las rebajas del impuesto de sociedades aplicadas en el territorio vasco.

La jurista europea estima que Euskadi cumple los cuatro requisitos establecidos por la jurisprudencia para determinar que la autonomía fiscal es compatible con el derecho comunitario: autonomía institucional respecto al Gobierno central, adopción de normas fiscales sin intervención del Estado, amplio margen para la configuración de las normas y asunción del coste de las rebajas tributarias.

AUTONOMIA INSTITUCIONAL Kokott destaca que ninguna de las partes ha puesto en duda que existe una autonomía institucional en el País Vasco, por lo que se cumple la primera condición. A la vez, la abogada general indica que, de las disposiciones de la Constitución, del Estatuto y del Concierto Vasco no se desprende que el Gobierno tenga la facultad de decidir en última instancia. Es por ello que entiende que se cumple también la segunda condición.

La jurista añade que el control jurisdiccional a que está sometido el País Vasco no supone una limitación a la autonomía, porque no se aplica a las normas tributarias, por lo que se cumple la tercera condición.

La abogada general rebate asimismo el argumento crucial de que Euskadi no asume el coste de sus rebajas fiscales, porque el Estado le compensa esa pérdida de recaudación a través del Concierto Vasco. La jurista concluye que el importe del cupo obedece a un compromiso político y no es consecuencia de las mermas de recaudación.

Los gobiernos central y vasco expresaron ayer su satisfacción. El vicepresidente Pedro Solbes declaró que supone "un espaldarazo importante" al reconocimiento de la realidad del País Vasco. El diputado general de Alava, Xabier Agirre, valoró el dictamen, pero "con cautela".