La Audiencia Nacional aplicó ayer al etarra Juan Manuel Piriz la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la doctrina Parot y acordó su inmediata puesta en libertad. El terrorista, condenado a 61 años de cárcel por asesinato, ha permanecido en prisión 29 años y nueve meses. El pleno de la sala penal también decidió que cada viernes, a partir del próximo 8 de noviembre, se reunirá para ir excarcelando a los otros 50 etarras que han pedido que se adapte su situación penitenciaria al fallo de Estrasburgo.

La excarcelación de Piriz contó con el voto particular del magistrado Angel Hurtado, al que se puede sumar Julio de Diego. Los otros 14 jueces apoyaron la salida por entender que Piriz reunía los requisitos exigidos por el Tribunal Europeo y por el Constitucional, ya que disponía, como estableció el alto tribunal español en marzo del 2012, de una resolución en la que se había fijado su salida de la cárcel para febrero del 2009 (posteriormente se aplazó hasta el 2014).

Los togados acordaron también pedir un informe al fiscal sobre las otras reclamaciones antes de entrar a decidir caso por caso. Los jueces optaron por llevar a cabo estas salidas "de manera escalonada" como quiere el Gobierno. Por ello, van a agotar todos los formalismos legales.

DELEGACION Asimismo, decidieron dejar en manos del Tribunal Constitucional y del Supremo el futuro de 22 etarras que aún esperan sentencia sobre los recursos que presentaron; alguno de ellos, como es el caso de Ignacio Fernández Larraina, lleva esperando desde el 2008.

Además, los magistrados de la Audiencia concluyeron que ellos no pueden dejar sin efecto, porque son firmes, las sentencias dictadas por el Constitucional y el Supremo en las que han denegado el amparo a más de 40 etarras. Por ello, sostienen que es preciso que sean estos tribunales los que revisen sus decisiones tras el fallo del Europeo.

El Supremo ha convocado un pleno el próximo 12 de noviembre para alcanzar una solución en relación a los cinco recursos que tienen pendientes. Y el Constitucional ha movido ficha al pedir información a la Audiencia sobre "las incidencias procedimentales" que puedan afectar a los etarras que les han pedido amparo por la aplicación de la sentencia de Estrasburgo. Este acuerdo de la Audiencia se alcanzó por mayoría y la discusión se centró en temas técnicos.