"La reforma del PP favorece la delincuencia de cuello blanco"

-- Como fiscal me debo a los principios de legalidad y jerarquía, siempre presididos por la lealtad. No sólo en el caso de la Asamblea de Madrid, sino en todos los asuntos, cualquier iniciativa que he adoptado ha contado con la conformidad previa del fiscal general.

En el caso de la Asamblea de Madrid mantiene discrepancias con Cardenal sobre si la Fiscalía puede investigar, a pesar de la existencia de un recurso del PSOE contra la inadmisión de su querella.

-- La ley establece que el fiscal debe cesar en su investigación cuando tenga conocimiento de que hay un procedimiento judicial sobre los mismos hechos. En el caso de Madrid no se han incoado diligencias judiciales y, por lo tanto, no hay procedimiento en el sentido estricto; sigo creyendo que la Fiscalía tiene legitimidad para investigar.

¿Por qué el fiscal general ha bloqueado su propuesta?

-- El ha planteado una argumentación que respeto, pero no comparto. Sin embargo, lo que más me inquieta es que desde sectores del Gobierno se haya manifestado preocupación porque Anticorrupción quisiera investigar, discutiéndose sus competencias legales. La investigación que planteé al fiscal general tenía como objetivo conocer qué relación había entre los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Saez y los constructores, para desentrañar qué motivaciones podrían haber influido para el cambio de formación y de voto.

Como demócrata, ¿qué opina de la crisis de Madrid?

-- Es un duro golpe para el sistema democrático porque ha determinado la anulación de un proceso electoral limpio y claro como expresión de la voluntad popular.

¿Se va hacia un fiscal general para y con el Gobierno?

-- En los últimos años, desde el Estatuto del Ministerio Fiscal de 1981, los fiscales generales, con alguna excepción, han estado siempre situados en el ámbito de la afinidad ideológica del Gobierno. Ahora, con la reforma legal introducida, se ha acentuado esta situación. Mientras establece un plazo para los fiscales jefes de cinco años, el fiscal general tiene un plazo indefinido, que deja las manos libres al Gobierno de turno para nombrarlo o destituirlo en función de sus intereses políticos, no siempre legítimos ni respetables. ¿Hay una mejor expresión del actual estado de las cosas que vayan a cesarse fiscales jefes por razones solo ideológicas, ya que nadie pone en cuestión sus méritos y capacidad?

¿Cómo valora la reforma del Estatuto del fiscal, que limita a seis meses el plazo para investigar?

-- Es una forma descarada de coartar la facultad investigadora del fiscal ante determinados delitos, como los económicos y de corrupción. Es perjudicial para el sistema democrático en la medida que representa una vulneración del principio de igualdad de la ley penal que favorece a quienes delinquen desde un estatuto social y económico privilegiado, la delincuencia de cuello blanco.

¿Y las otras reformas legales impulsadas por el Partido Popular?

-- La concepción de seguridad ciudadana del Gobierno tiene como eje la delincuencia que, a parte de condicionamientos personales, se produce en la marginalidad social. Mientras, los bienes jurídicos tan necesitados de una protección penal, como los intereses de los consumidores, el mercado o el funcionamiento social de la economía, son escasamente atendidos.

¿Estas reformas ponen en peligro la democracia?

-- Con las reformas se está afectando seriamente al principio de división de poderes del Estado. Los principios y criterios de actuación del fiscal deben situarse, por exigencia constitucional, en el ámbito del Poder Judicial. Sin embargo, es desplazado hacia el Ejecutivo para garantizar mejor su control. Así, resultará difícil constituir una democracia más social y más avanzada.

¿Por qué cree que recela el Gobierno de la Fiscalía?

-- Esa pregunta se le debe hacer a quien corresponda. Yo expongo la situación objetiva. No entiendo como puede decirse que la corrupción no es un problema capital. La corrupción es un problema estructural del sistema económico que exige permanentes controles, máxime cuando es cada vez mayor la colisión de intereses públicos y privados. La corrupción es cada vez más sutil y sofisticada. Pensar que como no se ve, no existe, es inconcebible. Hacen falta instrumentos eficaces para detectarla, que no resulta fácil, investigarla y perseguirla.

¿Le satisface el desarrollo del Pacto de la Justicia?

-- El Pacto de la Justicia funciona segun los propósitos del Gobierno. Para el ministerio fiscal, el pacto sólo ha servido para conducirlo a la situación de retroceso y de degradación.