"Ninguna confesión tendrá carácter estatal". El artículo 16 de la Constitución lo dice claro, y los cambios que ha sufrido la sociedad española en los últimos 25 años refuerzan esa sentencia. Pero no es fácil borrar de un plumazo 40 años de nacionalcatolicismo y cinco siglos de obsesión por hacer de España el guardián de las esencias de la Iglesia. Una herencia que nos hace aceptar con total naturalidad que se viole el principio de aconfesionalidad del Estado.

Quizá la gota que colmó el vaso de la paciencia de quienes hace tiempo que observan con preocupación cómo se intenta volver a convertir el catolicismo en una religión de Estado fue el funeral por las víctimas del 11-M que se celebró el 24 de marzo en la catedral de la Almudena. Eso fue, al menos, lo que impulsó al senador Ramon Espasa, de l´Entesa Catalana de Progrés, --grupo formado por PSC, IC y ERC--), a dar forma a un proyecto que llevaba tiempo rumiando: una moción para que el Senado cree una comisión especial que elabore un Libro blanco sobre laicidad que vele por garantizar "realmente" la libertad de conciencia.

Abrir el debate

"Sin duda, fue el desencadenante: había víctimas de otras religiones, pero no se las tuvo en cuenta. Pero antes de eso ya había motivos para dar un toque de atención: la vuelta de la religión como materia evaluable, que los profesores de la materia fueran pagados por el Estado pero elegidos por el obispado...", explica Espasa.

"Somos conscientes de que con presentar la moción y elaborar el Libro blanco no va a cambiar todo de golpe, pero hay que abrir un debate sobre el tema". Un debate que ponga sobre la mesa algo que rara vez se plantea: que tan natural es ser religioso como ser agnóstico o ateo. "Ya no es sólo reivindicar la igualdad de todas las religiones, sino el derecho a no creer en ninguna. La Iglesia dice que ser ateo o agnóstico es una perversión de la normalidad, que es ser religioso". Espasa considera tan necesario combatir esta posición como denunciar que los acuerdos firmados por España con el Vaticano en 1979 sitúan a la religión católica en un plano de privilegio respecto a las demás.

Amplio apoyo

Aunque por el momento no parece que el Gobierno vaya a tocar esos pactos, Espasa confía en que los nuevos aires que se respiran en la política permitan, al menos, discutirlos. La Entesa cuenta con el apoyo de todos los partidos, salvo el PP, el único con el que no se ha puesto aún en contacto, para sacar adelante su moción en favor de la laicidad del Estado, que no de los individuos: "Defender la laicidad no significa estar contra la religión, sino reivindicar que no se imponga a quienes no la comparten".

En caso de que prosperara, empezaría un trabajo de un par de años en los cuales se pondrían sobre la mesa contradicciones como que un ministro, al tomar posesión, pueda elegir entre jurar o prometer pero deba hacerlo ante un crucifijo.

Se trata de un debate que la diversidad ya ha forzado en Francia, y que algún día llegará a España. "Es bueno empezar a dialogar antes de que tengamos problemas", dice Espasa. Porque el diálogo, confía, logrará que el Estado, además de ser laico sobre el papel, pueda dejar de cargar con la cruz.