El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, es consciente de que este será el último acto de apertura del año judicial en el que participa ante la próxima renovación del órgano. Probablemente por ello ha sido más directo que en otras ocasiones con sus palabras y ha admitido que "cabría pensar que quizás ha recaído demasiado peso sobre los jueces, afirmación que comparten quienes denuncia la 'judicialización' de los asuntos de naturaleza política".
Cierto es que Lesmes no ha pronunciado estas palabras junto a la de Catalunya, pero sí justo a continuación de la crítica que ha hecho de "decisiones judiciales procedentes de otros Estados miembros" que, "al interpretar de forma unilateral conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia", en clara referencia a la decisión alemana de no apreciar violencia para acordar la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por rebelión. Lesmes lamentó "la irremisible pérdida de virtualidad de ciertos instrumentos de cooperación judicial" europea.
Desafección por ignorancia
Según el presidente del Poder Judicial, "se alimenta la desafección del ciudadano respecto del poder judicial, sobre la desenfocada visión de que ningún juez puede decidir en contra de la voluntad popular, demostrando un absoluta ignorancia de la dimensión y del significado del Estado de Derecho y del ejercicio democrático de la libertad". No obstante, adviritió que "tales ensayos de disgregación entre Estado de Derecho y poder judicial, lejos de debilitar a los jueces, resafirman su operatividad para responder con eficacia y absoluta independencia a las embestidas contra el marco que representa la Constitución".
"Frente a la posverdad, que persigue la impunidad bajo el cobijo aparente de la voluntad popular, los ciudadanos han de percatarse de que la respuesta del poder judicial se encamina a evitar el daño que supone desarbolar ni más ni menos que todo un pacto de convivencia intergeneracional", lo que tendía un efecto "demoledor" para el sistema de libertades".
Pese a esa defensa del marco constitucional, Lesmes no tuvo reparos en decir ante el Rey que "ningún texto constitucional ha de ser sinónimo de inamovilidad ni de petrificación". Añadió que "tampoco ninguna institución, por muy importante que sea, es inalterable, nin ninguna ley, por muy fundamental que sea, es irrevocable".
Defensa de magistrados atacados
Aunque Lesmes no mencionó al instructor de la causa contra los líderes independentistas catalanes por rebelión, el juez Pablo Llarena, sí se refirió a los "ataques personales" recibidos por magistrados, "alentados incluso por algunos responsables políticos", lo que consideró "censurable" en el marco del respeto constitucional.
Precisó que con esas palabras no quería blindar al juez contra la crítica, pero insistió en que "las visiones segadas o partidistas que persiguen el gratuito descrédito de la institución judicial puede afectar" a su libertad de ánimo y sosiego para ejercer su responsabilidad constitucional de juzgar.
