El juicio del caso Malaya por corrupción municipal en Marbella deparó ayer su primera gran sorpresa. El abogado de uno de los implicados, el constructor Rafael Gómez --alias Sandokán --, vinculó al supuesto cabecilla de la red, Juan Antonio Roca, con el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, al indicar que este último cobró supuestamente 200.000 euros del exasesor de Urbanismo del ayuntamiento. Es la primera vez que, públicamente, alguien pone nombre a las siglas J. A. G. que aparecen en los papeles de Roca.

Las posibles conexiones policiales del caso Malaya ya ensombrecieron la instrucción y, ante la sospecha de que pudieran ser reales, el juez y los investigadores mantuvieron sus pesquisas en secreto. Según el sumario, tras un aviso anónimo los agentes encontraron en el trastero de la casa de Roca una nota con nombres de cargos policiales y las siglas J. A. G. vinculados a un cobro de 200.000 euros.

AMNESIA En su momento, el juez ordenó abrir una investigación separada para tratar de discernir quién se ocultaba tras esas iniciales, pero quedó sobreseída poco después sin que llegase a ningún puerto. El propio Roca reconoció la letra como suya, pero aseguró "no recordar" los nombres de los beneficiarios.

Con la estrategia de señalar a Juan Antonio González, el letrado Antonio Urdiales trata de probar que la instrucción está viciada y contaminada. El abogado argumentó que, "si se tratara de otra persona en vez de ser el comisario de la Policía Judicial, ya estaría detenido".

Urdiales insinuó que los agentes que investigaron el caso se vieron sometidos a presiones considerables y pidió que se les cite a declarar para explicar por qué dejaron la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco). El letrado ironizó con "lo poco que se tardó" en identificar las iniciales de empresarios y concejales, en contraste con las dificultades para esclarecer cualquier cuestión relacionada con "el alto mando", y dijo que "por muchos menos indicios se ha detenido a los constructores".