El Gobierno está decidido a taponar todos los resquicios legales por los que hasta ahora se han colado en las instituciones quienes "apoyan la violencia de ETA". Lo hará con una reforma de la ley electoral, examinada ayer por el Consejo de Ministros, que ampliará los plazos y los supuestos de ilegalización, y abordará la gran asignatura pendiente de la ley de partidos. Si una lista vinculada a la banda terrorista logra a pesar de todo presentarse a las elecciones, sus diputados o concejales perderán el cargo en cuanto su formación se declare ilegal. Solo podrán continuar si renuncian de forma "notoria, pública y fehaciente" a la violencia y a los principios que causaron la ilegalización.

El caso más flagrante y criticado era el de ANV, cuyos concejales siguen disfrutando del cargo en muchos municipios. "Produce cierta perplejidad que haya alguien en una institución que esté representando a un partido ilegal porque esa ilegalización se hizo después", argumentó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en referencia a ese caso. El obstáculo que impide en la actualidad retirarles el acta de concejales es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el cargo pertenece a la persona elegida y no al partido, pero los servicios jurídicos del Gobierno han encontrado una fórmula para salvar esta objección.

RENUNCIA PUBLICA Tras la reforma legal será "incompatible" pertenecer a un partido ilegal y ostentar un cargo electo, del mismo modo que lo es ser diputado y a la vez magistrado del Tribunal Supremo, según el ejemplo utilizado por Rubalcaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La fórmula es "ingeniosa", como apuntaban ayer fuentes de Interior, pero también será controvertida. Las mismas fuentes dicen que la Abogacía del Estado la avala sin margen de duda.

La reforma legal también incluye la prohibición de partidos, federaciones o coaliciones que traten de continuar el trabajo de un partido ilegalizado. Hasta ahora solo se podían anular las agrupaciones electorales que tuvieran ese objetivo.

Este punto permitirá impugnar la lista de un partido plenamente legal en el que se incluyan candidatos de la izquierda aberzale evitando así que Eusko Alkartasuna (EA) lleve a cabo una operación de este tipo, como se ha especulado. "De esta manera se puede cerrar esa vía", apuntó el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Una última modificación permitirá que puedan impugnarse las candidaturas incluso durante la campaña electoral, hasta 44 días desde la convocatoria de elecciones. Y el Constitucional podrá resolver los recursos hasta la medianoche del último día de campaña. Así se evitan casos como los de Iniciativa Internacionalista (II), que no mostraron su verdadera cara hasta bien entrada la campaña de las pasadas elecciones europeas.

El Gobierno remitirá sus propuestas a la subcomisión que estudia en el Congreso la reforma de la ley "para que sea aprobada con el máximo apoyo posible", según Rubalcaba, con el fin de que pueda aplicarse antes de las municipales del 2011. El PP declinó opinar sobre la reforma hasta que no conozca el texto.

La iniciativa del Gobierno es, además, un nítido mensaje al entorno de la banda terrorista. "Solo tienen dos opciones: o rompen drásticamente con ETA o la convencen de que deje las armas unilateralmente. Sino, no irán a las elecciones", les advirtió el titular de Interior, que repitió también su ya celebre alternativa: "O bombas o votos".