La Fiscalía no puede investigar el caso de los aviones de la CIA que hicieron escala en el aeropuerto de Palma (Mallorca) cuando trasladaban a presuntos terroristas islamistas a cárceles secretas porque existe un procedimiento judicial abierto y la ley del Ministerio Fiscal y de Enjuiciamiento Criminal se lo impide. Con ese argumento, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, contestó ayer a las peticiones de investigación de Gaspar Llamazares el 3 y 15 de este mes.
El 1 de abril, Llamazares y el dirigente de IU-ICV Joan Herrera habían pedido a la Fiscalía que se interesara por los aviones prisión y solicitara la colaboración del Gobierno, para impedir que el territorio español fuera utilizado en actividades contrarias a la legislación internacional. Una denuncia posterior en el juzgado número 7 abrió el procedimiento judicial.
El Gobierno de EEUU notificó al español, a través del comité permanente hispanonorteamericano, 138 escalas de aviones oficiales en Palma en el 2004, según informó ayer el diario El País.
La mayoría eran aviones privados, fletados por agencias gubernamentales. Aunque no consta que el Gobierno español haya denegado ninguna autorización, las primeras informaciones sobre las escalas de posibles aviones prisión llevaron al Ministerio de Asuntos Exteriores a pedir explicaciones, en marzo pasado, a la embajada de EEUU. El embajador en funciones, Robert Manzanares, contestó que no tenía constancia de traslados de detenidos.
El miércoles, el Departamento de Estado norteamericano dio la misma respuesta a la petición de información del Gobierno español.
