No hay mal que por bien no venga. Así reacciona el Gobierno del PP ante los avatares de la actualidad. Cada vez que España se estremece con un suceso, el Ejecutivo anuncia una reforma legal que promete resolver el problema. ¿Que el jurado popular se ha equivocado condenando a Dolores Vázquez por el asesinato de Rocío Wanninkhof? Se cambia la ley del jurado. ¿Que la familia de Sandra Palo exige la sangre de los jóvenes asesinos de su hija? Endurecen la ley del menor. ¿Que a un chaval le revientan el hígado en un partido de fútbol? Se enmienda el Código Penal para castigar la violencia en el deporte.

Pero, en realidad, ¿remedia el Gobierno los males sociales? En la mayor parte de las ocasiones, sólo anuncia la medicina cuando la fiebre de la audiencia amenaza con reventar el termómetro. Pasada la gripe, la publicitada reforma se queda en nada.

CINCO SUCESOS

En los últimos dos meses, cinco sucesos han alimentado las tertulias de todas las tendencias. La detención de Tony Alexander King por los asesinatos de Wanninkhof y Sonia Carabantes; la obligada excarcelación de un asesino confeso en Alicante, tras pasar cuatro años en prisión preventiva sin ser juzgado; el juicio a tres menores por la violación y asesinato de Sandra Palo, una joven de 22 años disminuida psíquica; la fuga de otro menor, el asesino de la catana , aprovechando una salida de excursión; y el asesinato de Manuel Ríos tras el partido de Copa del Rey del Compostela contra el Deportivo.

Los cinco asuntos provocaron la misma reacción del Ejecutivo: hay que endurecer la ley correspondiente. Por el caso Wanninkhof se promete tocar tres normas. Una de ellas, la del jurado, porque fue un tribunal popular el que condenó erróneamente a Dolores Vázquez. El ministro de Justicia, José María Michavila, propuso convertir el jurado popular en mixto: mitad ciudadanos, mitad juristas. Y así evitar errores por falta de instrucción jurídica del común de los mortales. Desde ese anuncio, el Gobierno no ha vuelto a mover un dedo para variar esa norma.

Segundo cambio publicitado: una ley que regule el uso forense del ADN, obligando a los sospechosos de delitos de sangre y sexuales a someterse a la prueba. Esta vez fue la desidia de los diputados del PP y sus socios lo que impidió que la reforma prosperara. Fue el jueves pasado en el Congreso, cuando se votaba la reformada ley de enjuiciamiento criminal. Las novedades introducidas en el Senado decayeron por la falta de votos (no estaban 22 diputados del PP). La ley quedó sin la novedad sobre el ADN y sin un sistema de alerta para avisar a los jueces de que un preso agota su tiempo máximo de prisión preventiva.

El caso King movió a Angel Acebes a pedir un cambio legal que le ahorrara nuevos apuros. El ministro del Interior tuvo dificultades para explicar por qué no se vigiló a King si Scotland Yard había advertido a España de que era peligroso. ¿La solución? Un registro de maleantes potencialmente peligrosos. La negociación política para reformar la ley de protección de datos ya está en curso, pero queda por ver si hay tiempo para tramitarla antes de las generales de marzo.

El juicio a los menores que mataron a Sandra Palo y la fuga del asesino de la catana desataron las iras de varios opinadores. Jaleado por esas voces y animado por sus propias convicciones, Michavila anunció tres reformas que dejarían irreconocible la progresista ley del menor: aumento de penas, restricción de las salidas del centro de reclusión y que las familias de las víctimas se puedan personar como acusación particular.

LEY DEL MENOR

Calmada el ansia de venganza del personal, lo único que finalmente se pondrá negro sobre blanco en la ley del menor --a través del Código Penal-- será permitir a las familias solicitar condenas, algo que planteó el PSOE en 1999 --cuando se debatía la ley-- y que el PP rechazó.

La muerte del deportivista Manuel Ríos sirvió al Gobierno para prometer una reforma que ya vendió hace más de un año. El Código Penal que se revisa en el Senado incluye una enmienda para convertir en delito la violencia en el fútbol (hasta cuatro años de cárcel). El Gobierno pretende aprobar la reforma en diciembre, aunque no entrará en vigor hasta verano. Eso si el día que se vote los diputados del PP están en su escaño.