El juez Santiago Pedraz dejó ayer en libertad a la alcaldesa de Hernani, de ANV, Marian Beitialarrangoitia, que declaró como imputada de un delito de enaltecimiento del terrorismo. La fiscalía la acusa de este delito por haber manifestado su apoyo a los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola --acusados de colocar el coche bomba de Barajas en el 2006 que mató a dos ecuatorianos en la T-4 de Madrid-- en un acto electoral celebrado en Pamplona el pasado 12 de enero.
El fiscal Ignacio Gordillo pidió al juez que impusiera a la alcaldesa la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado, que le prohibiera salir de España y que facilitara un teléfono "de contacto permanente". Sin embargo, el magistrado rechaza esta petición por entender que no se dan los supuestos, ya que "se trata de un delito que no lleva aparejada pena grave".
SIN RIESGO DE FUGA El juez afirma que tampoco constata "riesgo de fuga", porque la alcaldesa "ha acudido voluntariamente a la citación judicial" y porque no es necesaria su presencia en la vista si este caso llega a juicio, dado que la pena a la que se enfrenta no supera los dos años.
Por su parte, Baltasar Garzón también se opuso a la pretensión de la fiscalía, que le reclamó que prohibiera la celebración de un acto electoral de ANV previsto para el sábado. El magistrado rechazó la medida porque "hasta el momento presente", ANV "mantiene, sin restricción legal, todas sus posibilidades de actuación como cualquier otra organización" que cumple con los requisitos legales.
Pese a ello, Garzón ordenó al Gobierno vasco, la Ertzaintza, la policía y la Guardia Civil que adoptaran las medidas necesarias para "prevenir la comisión de hechos delictivos que puedan ser catalogados de terrorismo o enaltecimiento". Y avisó de que el incumplimiento de esta orden será valorado en el proceso que tramita contra esta fuerza.
