La Audiencia Nacional ha dejado en libertad bajo fianza de 60.000 euros a los abogados de ETA Arantza Zulueta, Jon Enparantza e Iker Sarriegi, al entender que ha disminuido el riesgo de fuga dado el tiempo transcurrido desde que ingresaron en la cárcel --siete meses-- y el arraigo familiar y laboral.
Así lo ha acordado la sección tercera de la Sala de lo Penal en tres autos en los que además de la fianza les impone la obligación de designar domicilio, comparecer semanalmente en el juzgado, entregar sus pasaportes y la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial.
Además de invocar la disminución del riesgo de fuga y el arraigo, la Sala, en el caso de Enparantza, considera también que "no es despreciable el dato atinente a la profesión de abogado del recurrente" y, por ello, cree que la puesta en libertad "favorecería sus posibilidades de adecuada defensa".
En cuanto a Sarriegi, la ponente Clara Bayarri valora "la existencia de un entorno social y familiar de claro apoyo que compromete por él su palabra".
La magistrada tiene esto en cuenta tras observar que Sarriegi carece de un arraigo propio ya que, aunque es padre de un niño de dos años, este vive con su madre en Oyarzun (Guipúzcoa) --con la que se casó por poderes el pasado mes de julio estando ya en prisión-- mientras que él residía en Hendaya (Francia).
Bayarri destaca que este abogado es hijo de Iñaki Sarriegi, "persona muy querida y apreciada en Donostia, pues ha pertenecido durante más de 38 años al Club de la Real Sociedad" y ahora regenta una pescadería "de gran popularidad en la parte vieja de San Sebastián".
De hecho, tres miembros y representantes del citado equipo de fútbol efectuaron una comparecencia en este tribunal para defender que la excarcelación de Iker no obstruiría la instrucción.
El propio Iker Sarriegi jugó durante tres temporadas en la Real Sociedad entre 1997 y el 2000, aunque casi todo el tiempo estuvo lesionado, lo que le llevó a la incapacidad permanente, pasando a cobrar desde entonces 12 pagas anuales de 2.200 euros al mes en concepto de pensión de invalidez.
CORREOS DE LA BANDA Los tres abogados fueron detenidos el pasado mes de abril en una operación en la que también se arrestaron otras siete personas en Vizcaya y Guipúzcoa, por servir de correos con la banda terrorista y gestionar la huida de etarras, de los cuales cinco ingresaron en prisión por orden del magistrado Fernando Grande-Marlaska.
Según el juez, los despachos de los abogados constituían "un centro logístico de distribución" de documentos de ETA hacia los presos y de estos a sus estructuras, y desde ellos se realizaba una tarea que iba "mucho más allá de las loables funciones de defensa ejercidas con carácter complementario".
