El macrojuicio contra el llamado entorno de ETA se abrió ayer en una sesión caótica por los intentos de las defensas de los acusados de suspender la vista. Sólo declaró el primer imputado, Bixente Askasibar, supuesto responsable de finanzas de la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS) en Vizcaya, quien, a preguntas de su letrado --se negó a responder al fiscal y a las acusaciones porque lo considera un "juicio político"--, negó su pertenencia a ETA, aseguró que no ha recibido órdenes de la banda y rechazó toda conexión entre las finanzas de KAS, ETA y Batasuna.

El juicio se celebra en la Casa de Campo de Madrid, ya que es el mayor proceso que tiene lugar en España desde el caso de la colza . En el banquillo se sientan 56 personas (53 están en libertad y tres en prisión por otras causas), para las que el fiscal pide más de 900 años de prisión.

Los imputados están acusados de integrar los aparatos político, financiero, mediático, internacional y de desobediencia civil de ETA. Y se basa en la instrucción que inició en 1997 el juez Baltasar Garzón, quien, basándose en informes policiales, sostiene que la banda terrorista no son sólo los activistas, sino que abarca un entramado de organizaciones.

ESTRATEGIA JURIDICA La primera jornada de este juicio, en el que la izquierda aberzale se juega su futuro, fue muy confusa. Tanto por el carácter reivindicativo que le dieron los protagonistas como, sobre todo, porque los defensores de los 56 acusados se emplearon a fondo para intentar lograr la suspensión del juicio. Los abogados alegaron cuestiones procesales que estimaron insalvables. Todos los alegatos fueron rechazados por el tribunal.

Los letrados pidieron que todas las pruebas de convicción estuvieran en la sala. También que se suspendiera la vista por la incomparecencia de tres acusados --dos están huidos y un tercero está preso en Francia-- hasta que se decrete su rebeldía. Los abogados también reclamaron un aplazamiento hasta que se resolviera un recurso presentado hace días contra los policías y los guardias civiles que comparecerán como peritos. El tribunal lo rechazó el viernes, pero las defensas recurrieron.

El fiscal Enrique Molina y el representante de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Emilio Murcia, se sumaron a la última pretensión para evitar que, en caso de no resolverse, el juicio fuera declarado nulo. El tribunal tampoco lo aceptó, así que, por fin, pudo comenzar la vista.

Askasibar se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel por integración en organización terrorista a través de KAS, que Garzón considera el aparato político de ETA. El acusado se presentó ayer como sindicalista y admitió que colaboraba con la ilegalizada KAS. Sin embargo, presentó a esa organización "como una coordinadora con una vida normal y que desarrollaba actividades culturales".

Admitió que KAS también era "una organización política", pero negó --como le acusa el fiscal-- que él fuera su coordinador financiero en Vizcaya. "No había volumen para financiar nada", aseguró. Y aclaró que el presupuesto de KAS para Euskadi era de 180.000 euros. "Difícilmente se puede financiar nada con ese dinero", insistió.

Confesó que participó en la fundación de la empresa Gadusmar porque era íntimo amigo de otro socio. Gadusmar transportaba bacalao de Islandia a Cuba, pero el fiscal sostiene que fue empleada para sufragar gastos de los exiliados etarras. Askasibar lo negó y dijo que nunca había estado en Cuba. También negó que ETA le pagara un sueldo. También afirmó que no sabía nada del plan Udaletxe , que según el fiscal fue diseñado por ETA para que cada organización del Movimiento de Liberación Nacional Vasco se autofinanciara.

NUEVA SUSPENSION Después, se desmarcó de una serie de documentos, en la mayoría facturas y extractos bancarios, que a juicio de la policía le incriminan en la financiación de ETA. Askasibar aseguró que era la primera vez que veía esos papeles. La defensa exigió que le presentaran otros documentos que no fueron localizados por el tribunal. Por ello, los jueces tuvieron que suspender la vista hasta hoy.