El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer pedir explicaciones al ministro de Justicia, José María Michavila, por la forma en la que el Gobierno ha impulsado la reforma del Código Penal que amenaza con la cárcel al lendakari, Juan José Ibarretxe, si éste convoca un referendo sobre su plan soberanista. Esta iniciativa, que no cuenta con informe del CGPJ, recibió ayer luz verde en la Comisión de Justicia del Senado con los únicos votos del PP y el rechazo unánime de la oposición.

La vocal progresista del Poder Judicial Montserrat Comas propuso ayer al presidente del Consejo, Francisco Hernando, que se dirigiera al presidente del Senado, Juan José Lucas, para reclamarle un informe sobre los artículos del Código Penal que prevén penas de cárcel para quienes convoquen referendos ilegales y mantengan ayudas a grupos parlamentarios de partidos que han sido declarados ilegales por vinculación con terroristas.

Pero esa iniciativa no recibió el apoyo de la mayoría conservadora. Hernando optó por una cita con el ministro de Justicia para expresarle la preocupación del CGPJ por cómo se ha aprobado la reforma, empotrada en la ley de arbitraje y sin recabar la opinión del Poder Judicial. Siete vocales de la minoría progresista criticaron la decisión de Hernando y expresaron "su queja más rotunda" porque el Gobierno se ha apartado de lo que establece la ley para este tipo de reformas.