Una veintena de exdirigentes catalanes de izquierdas, catedráticos y escritores rechazan en un manifiesto la prisión preventiva dictada para dirigentes independentistas, por "injustificada y desproporcionada". En el texto, avisan de que "aplicar tratamiento penal a un problema político no ayudará a hallar vías de salida dialogadas".
Bajo el título 'Allanar obstáculos en el camino del diálogo democrático', el manifiesto lo firman, entre otros, el exlíder del PSC Raimon Obiols; el 'exconseller' de Justícia y expresidente de Ciutadans pel Canvi (CpC) Josep Maria Vallès; los exdiputados de Catalunya Sí Que Es Pot Joan Coscubiela, Lluís Rabell y Gemma Lienas, y los exdirigentes socialistas Laia Bonet y Jordi Font.
También la exsíndica de Greuges y exdiputada de CpC Pilar Malla; la actual rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Margarita Arboix; los catedráticos y dirigentes de Federalistas de Izquierdas Joan Botella y Victoria Camps; los catedráticos Joan Subirats y Marina Subirats; el exsecretario de Planificación Territorial de la Generalitat y exdiputado de CpC Oriol Nel·lo, y el escritor Jordi Amat.
En el manifiesto, en catalán y castellano, los firmantes señalan: "La voluntad compartida de superar la situación política que padece nuestro país y la intención de construir una sociedad con más justicia social y con mayor calidad democrática nos llevan a manifestar nuestra opinión sobre las medidas provisionales de privación de libertad impuestas a dirigentes políticos y sociales".
El texto se refiere así a la situación del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC Oriol Junqueras; el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de JxCat Jordi Sànchez.
UNA SALIDA AL CONFLICTO
"Pese a discrepar de sus opiniones o actuaciones políticas, afirmamos que la aplicación de dichas medidas es una decisión criticable por injustificada y desproporcionada, tal como han manifestado expertos en derecho penal y derecho procesal y ha denunciado también Amnistía Internacional", subrayan. "Esas medidas y los motivos invocados para aplicar un tratamiento penal al problema político que tenemos planteado no servirán para encontrar vías de salida a la situación", añaden.
"Al contrario -sentencian-, aumentarán los obstáculos ya existentes en la tarea harto difícil de recuperar el clima de diálogo social y político que consideramos necesario para nuestro futuro colectivo".
