El Gobierno estudia una respuesta a la situación creada en el Tribunal Constitucional (TC) tras la actuación del sector conservador de este órgano en el debate sobre la abstención de su presidenta en un recurso presentado por el PP, que el resto de los partidos han interpretado como una señal de su "politización". El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó que se estudiará la posible recusación de dos magistrados del TC adscritos al sector conservador después de que este hiciera uso el jueves del voto de calidad para apartar a la presidenta, María Emilia Casas, de las deliberaciones del recurso del PP contra la Ley Orgánica de este tribunal (LOTC).
Tanto Casas como el vicepresidente del Constitucional, Guillermo Jiménez, manifestaron su voluntad de no participar en las deliberaciones del recurso, ya que uno de los artículos de la ley impugnados por el PP prevé la prórroga automática de sus mandatos --que en su caso concluían el 30 de junio-- hasta la siguiente renovación del tribunal. El ponente del recurso, el progresista Pablo Pérez Tremps, redactó un auto en el que no se aceptaban las abstenciones, pero solo obtuvo el apoyo de cuatro jueces de su sector. Se produjo un empate que se resolvió a favor de estos últimos cuando el presidente, Vicente Conde, usó su voto de calidad.
