El Gobierno catalán ha abierto un expediente para investigar las irregularidades en Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) denunciadas en marzo del 2003 por el interventor general y que el entonces conseller de Economía, Francesc Homs (CiU), desoyó. El interventor general, Josep Maria Portabella, instó a Homs a estudiar "si se había producido un perjuicio económico a la Hacienda de la Generalitat". De ser así, añadía, deberían proceder contra los responsables.
El informe de Portabella señalaba, entre otros hechos, que FGC, contraviniendo una ley vigente desde 1986, estaba pagando con fondos públicos un complemento de pensiones para los altos cargos de la compañía ferroviaria. En concreto, detallaba que entre el 2000 y el 2001, la compañía gastó de manera irregular 2.508.264 euros en pagos a directivos por este concepto.
La ley de los presupuestos del Estado para 1986, prohibió destinar fondos públicos para pagar complementos de pensiones. Este sistema, que suele ejercerse a través de un seguro privado, no tiene nada que ver con el tradicional de los planes de pensiones de empresa. Estos deben ir destinados a toda la plantilla.
DECLARACION DE CAROD Por otra parte, el Tribunal Supremo ha rechazado llamar a declarar como testigo al exconseller en cap Josep Lluís Carod- Rovira en la causa que tramita contra el dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera . La citación la solicitó la Asociación Víctimas del Terrorismo. Sin embargo, el juez se muestra partidario de que Carod declare como imputado en la querella de Manos Limpias por su reunión con dirigentes de ETA.
