En Marbella hubo corrupción urbanística, y también despilfarro. Un informe interno del ayuntamiento, en poder de este diario, revela que 86 altos cargos, contratados a dedo en la etapa del GIL (1991-2006), perciben más de 4,3 millones de euros al año (unos 715 millones de pesetas). Juan Antonio Roca, coordinador del área de Urbanismo y a quien el juez mantiene en prisión por amasar una fortuna de 2.600 millones de euros, tenía un sueldo de 9.067 euros al mes.

Roca se encuentra entre los ocho altos cargos que percibían más de 6.000 euros todos los meses. Otros 78 no alcanzaban esa cantidad, aunque superaban los 3.000 euros mensuales.

80% DEL PRESUPUESTO Mientras en Marbella falta papel higiénico en los colegios y escobas para barrer las calles, el pago de las nóminas de los empleados municipales --altos cargos y funcionarios-- representa el 80% del presupuesto mensual del consistorio. Durante los últimos 15 años, la hacienda municipal se ha endeudado y hoy el déficit alcanza los 250 millones. El dictamen municipal desvela que un total de 300 empleados fueron contratados sin que se convocara una oposición y ninguno de ellos tuvo que superar una prueba de aptitud. Además, los contratados con sueldos más altos tienen algún parentesco o amistad con alguno de los últimos tres alcaldes: Jesús Gil (1991-2002), ya fallecido; Julián Muñoz (2002-2003), en libertad con cargos; y Marisol Yagüe (2003-2006), en prisión.

El exesposo de Yagüe, Antonio Becerra, coordinador de Hacienda, percibe un sueldo de 7.575 euros mensuales. El sobrino de la antigua alcaldesa, José Maldonado, cobra 3.147 euros y su cuñado, Javier Herranz, 3.755.

Marisol Yagüe siguió el ejemplo de sus antecesores en el cargo. La sobrina de Gil, Irene Molinero, fue contratada el 15 de febrero del 2003 como procuradora con un sueldo de 6.052 euros. Lucía Aguilera, esposa del concejal Miguel Giménez, entró a trabajar en 1991 como secretaria de Gil con una remuneración de 4.007,80 euros.

Miguel Angel Ordóñez Anula, jefe de prensa, percibe 6.085 euros al mes y Martín Hidalgo, director de la revista municipal La Tribuna y de la radio y televisión locales, 7.941,77 euros. Ordóñez e Hidalgo se han empleado a fondo para negar la corrupción que se investiga.

En el ayuntamiento trabaja como abogada Raquel Escobar, hija del magistrado Francisco Escobar, presidente de la Audiencia de Sevilla, que absolvió a Gil de la acusación de fraude electoral cometido en 1997. La mujer percibe 4.862,30 euros al mes por sus dictámenes. Raquel Escobar fue la jefa de la asesoría jurídica de Urbanismo y persona de la máxima confianza de Roca.

Otra pieza clave es María Castañón, abogada y amiga de Roca, a quien éste asignó un sueldo de 8.068,59 euros mensuales. Fue la artífice del acuerdo sobre el Plan General de Urbanismo alcanzado con la Junta de Andalucía, que luego Roca no respetó.

OTROS INCULPADOS También está inculpado Antonio Calleja, gerente de Contrataciones, que cobra 8.347 euros. Y el coordinador del Plan, Arturo Moya, ha sido requerido por el juez para facilitar información sobre su presunta ejecución irregular. Algunos informes de topografía están firmados por Elías del Pozo, hermano del jefe de la policía local, en libertad tras abonar una fianza de 20.000 euros.